A mitad del período del gobierno actual, es imprescindible cubrir la deuda con la salud de los mexicanos, es una oportunidad para subsanar el impacto de las políticas neoliberales en el sector salud, que durante la pandemia se acentuaron, y corregir la política sanitaria para que se hagan realidad los compromisos y la orientación presidencial de salud para todos los mexicanos.
El Congreso debe acordar los recursos necesarios para el acceso efectivo, oportuno y resolutivo de los servicios médicos, revirtiendo las transferencias al sector privado, la mercantilización del sistema de salud y revalorando a todo su personal.
En este milenio se han destinado al sector salud la mayor cantidad de recursos, pasando de 142 mil millones de pesos en el año 2000 a 692 mil millones de pesos para el 2018, un incremento de casi 5 veces, con un promedio anual del 6 % mientras que, en el gobierno actual, el presupuesto para el sector, tiene una caída en términos reales, del 4 %.
Los recursos financieros para el próximo año deben revertir la mercantilización desplegada con las políticas neoliberales y superar el colapso de los servicios médicos sufridos durante la emergencia sanitaria. El incremento del 27 % en términos reales, en el ramo 12 (Salud) y del 3 % en los servicios de salud de los Estados, no subsana el aumento de los costos de los insumos. En particular en la adquisición de vacunas y el alto precio de las subrogaciones al sector privado, por lo que es necesario revisarlos.
Contrario a la necesidad de apoyar la medicina preventiva y el primer nivel de atención, el aumento presupuestal a los institutos nacionales y hospitales federales va del 7 % al 83 %, fortaleciendo la atención hospitalaria.
Mientras que el Insabi tendrá un presupuesto de 103 mil millones de pesos, siendo un organismo que no ha cumplido con las funciones encomendadas, resulta castigado el Issste con una reducción del 3.6 % en términos reales, lo que agravará su situación.
El Presupuesto debe priorizar la cobertura del personal en las unidades médicas, respetando la legislación laboral y profesional, acabando con el trabajo precario de 160 mil trabajadores en la Secretaría de salud y considerar las más de 50 mil plazas necesarias para los trabajadores precarios del Issste y del IMSS. Es fundamental la reactivación de Birmex, empresa pública, para la producción de vacunas, productos biológicos y medicamentos.
Sí hay dinero para el cuidado de la salud y la vida de los mexicanos, bastaría con cancelar las subrogaciones, y liberar las plazas, que de manera ilegal e irregular vienen manejando los funcionarios de salud estatales de los organismos descentralizados y de las instituciones federales.
Hoy con el secuestro de la medalla Belisario Domínguez, injustamente está pendiente el reconocimiento a los trabajadores que han sido señalados como “héroes”. Más de la mitad de los empleados de salud se infectaron de Covid, arriesgaron su vida y la de sus familiares, laboraron en la emergencia sanitaria, y a la mayoría no se les han entregado los estímulos prometidos; han sido tratados con negligencia y falta de respeto por gobierno y partidos. Los trabajadores de la salud han demandado que la Medalla se otorgue a cada trabajador, además han exigido lo mínimo: que se cumpla con la contratación legal y la dotación de material y equipo. El Gobierno Federal, los senadores y diputados deben responder por ello.