Equidad de género 

*Reciente reforma fue omisa en aspectos relevantes

*Integrar a mujeres no es concesión, sino un derecho

Congreso de la Unión.- La reforma constitucional de junio pasado en materia de paridad de género, omitió algunos aspectos de importancia como la integración de los órganos de decisión del Poder Judicial y un buen número de entes públicos como los partidos políticos, el servicio exterior y las empresas productivas del Estado.  

Ante ello, la acogida de la paridad de género en órganos públicos diferentes a las secretarías de Estado, instituciones autónomas y ayuntamientos, depende más de la voluntad política de los legisladores y los gobiernos, que de las leyes emanadas de la Constitución.

El desafío que se enfrenta para alcanzar la igualdad de género en todos los terrenos es enorme, pues lejos de los gabinetes de gobierno, de las curules y los escaños, las mujeres continúan enfrentando infinidad de barreras que transitan desde la discriminación verbal hasta las formas de violencia más crueles y despiadadas.

En Chiapas hay un decidido compromiso por hacer de la equidad de género una realidad en todos los ámbitos del sector público y privado, al igual que erradicar todas las formas de violencia existentes contra las mujeres.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró la importancia de inculcar la cultura de la denuncia ante todos los tipos de violencia contra las mujeres, resaltando que en Chiapas el delito de violencia intrafamiliar es perseguido de oficio e incluso, se ha detenido a hombres que lo han cometido, aunque la denunciante desista.

Escandón Cadenas señaló que a través de la Secretaría de Educación se planteará una propuesta para sensibilizar a las y los chiapanecos, desde la primaria, sobre sus derechos y en el tema de equidad de género.

El mandatario refirió que la integración de las mujeres no es ninguna concesión sino un derecho que es urgente hacer valer en la práctica, pues sólo de esta forma se logrará el pleno desarrollo de Chiapas.

Refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera seria y responsable para establecer verdaderas políticas públicas y acciones que permitan que la igualdad sea una realidad en los ámbitos público y privado.

Al instalar el Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Igualdad entre Hombres y Mujeres, el gobernador sostuvo que en Chiapas se ha hecho posible que toda esta normatividad no esté solamente para darla a conocer en los discursos y que sea letra muerta en la práctica.

“Tenemos un Poder Ejecutivo paritario y junto a la Federación se acata la Ley para que la igualdad sea una forma de vida. Tenemos la convicción de proteger los derechos de las niñas y mujeres; no están solas, estamos las autoridades para defender lo que les corresponde por derecho y por legitimidad”, dijo.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados con la reciente reforma constitucional y del empeño de ciertos gobiernos estatales por cumplir con la equidad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres, para algunos expertos aún quedan muchos pendientes por resolver.

Para César Giles Navarro, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la reforma constitucional publicada el 6 de junio pasado representa un gran avance para la igualdad de género en México, pero sería una mentira decir que con esta se resolverán todos los problemas de discriminación y exclusión que afectan a las mujeres.

Las reformas para mejorar el funcionamiento y la eficacia del mecanismo de alerta de violencia de género, la sanción de los feminicidios y la tipificación de la violencia política de género, se antojan como los pendientes más urgentes del Congreso de la Unión, señaló Giles Navarro.

Dijo que en base a recomendaciones de organismos de derechos humanos, el Poder Legislativo tiene entre sus pendientes: aprobar reformas para sancionar la violencia obstétrica, incorporar a la perspectiva de género en el mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, sancionar la violencia escolar contra las niñas y la despenalización del aborto a nivel nacional.

La agenda también contempla abolir la detención sistemática de mujeres migrantes, promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad para las mujeres que violan la ley, reconocer el matrimonio igualitario en todo el país, adoptar medidas para aumentar el acceso de mujeres al trabajo formal, constitucionalizar el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y cerrar la brecha salarial por razón de género.

En San Lázaro, la  Comisión de Igualdad de Género hizo un llamado   a los gobiernos estatales y municipales a que, en conjunto con las autoridades federales, asuman su compromiso de realizar todo lo que se requiere para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y reforzar los vínculos con los institutos estatales de mujeres.

Integrantes de la citada comisión afirmaron que es preciso quitar todo carácter político-partidista a las alertas de violencia de género y mejorar este mecanismo, a fin de que el Estado pueda garantizar la seguridad e integridad de todas las mujeres.

Sostuvieron que la alerta de violencia de género no puede convertirse en un mecanismo para castigar o aprobar a gobiernos estatales, no importa del partido que sean; lo que tiene que imperar es cómo mejorarlo, eso es lo central, porque sirve para dar visibilidad, pero no es totalmente efectivo.

jesus.belmontt@gmail.com