Outsourcing y delincuencia organizada

Congreso de la Unión.- El outsourcing se encuentra en una situación ambigua en cuanto a sus beneficios para la economía nacional. Su aportación al desarrollo del país se atribuye a la creación de fuentes de trabajo formales, fungiendo como salvaguarda ante el creciente desempleo y la incontrolable informalidad laboral.

Su participación se confirmó en el último Informe de Censos Económicos del INEGI, el cual reveló que durante el periodo 2004-2014, el empleo se incrementó 3.7 por ciento, etapa durante la cual la contratación por outsourcing experimentó un crecimiento de 48 por ciento.

Aunque en la actualidad se estima que ocho millones de mexicanos se encuentran contratados bajo esta modalidad, también se ha evidenciado su papel en la evasión del pago de impuestos y de las aportaciones a la seguridad social.

Según ManpowerGroup, una de las principales empresas de tercerización y captación de personal en México, existen alrededor de dos mil empresas de outsourcing en el país; no obstante, solo 40 cumplen con sus contribuciones al fisco.

Aún más alarmante: solo 20 cumplen con los estándares establecidos por la Asociación Mexicana de Capital Humano.

Hay quienes opinan que la propuesta que se analiza en el Senado de la República para reformar la subcontratación laboral es un inhibidor de la generación de empleos, al igual que provoca incertidumbre entre las personas contratadas bajo dicho esquema.

Allá por los años noventa, el outsourcing se conocía como tercerización y desde entonces se ha prestado para todo tipo de abusos para evadir y eludir impuestos, omitir el pago de utilidades a los empleados o no pagar cuotas completas al IMSS y al Infonavit.

Fue en 2012 cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo y el concepto se utilizó formalmente como outsourcing, y así se definió concretamente su estructura, pero también se regularon sus acciones.

El outsourcing es legal y la Ley Federal del Trabajo, reformada ese año lo dispone en el artículo 15-A, que claramente dice: “El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”.

La legalidad del outsourcing y de las empresas que operan cumpliendo todos los requisitos que la ley estipula, están reguladas por la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH).

La AMECH se creó como un organismo para respaldar a las empresas responsables y serias en el ramo de los recursos humanos, garantizando que se brinde un servicio de calidad y que todas las empresas que la conformen se apeguen a las leyes mexicanas.

La Confederación Mundial de Empleo (WEC), reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), avala los procesos de la AMECH y garantiza su formalidad; incluso, en la Ley del Seguro Social se valida este esquema.

Sin embargo, por tratarse de una práctica que tiene beneficios, no sólo para la economía de las empresas mexicanas y sus trabajadores, sino para el avance y crecimiento de la economía del país, el outsourcing es legal en México y muchas empresas serias trabajan bajo esquemas formales que se apegan a las regulaciones que la ley establece y protegen los derechos y las prestaciones de los trabajadores.

Sin embargo, hay una gran cantidad de empresas de outsourcing que son ilegales.

Es justamente la presencia de outsourcing ilegal en México la que ha provocado una alta desconfianza en los trabajadores y en las empresas.

A pesar de ello, su contribución a la economía y a la generación de empleos es innegable, como lo demuestra el reporte de BBVA que refiere que la contratación de servicios para empresas, que se conoce como outsourcing, así como los servicios financieros y el agro son los sectores que registran las mayores alzas en la economía del país.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una quinta parte de los trabajadores mexicanos labora bajo el esquema de outsourcing, subcontratación o tercerización.

México ocupa el quinto lugar en la industria de la subcontratación (outsourcing) en América Latina, con un valor en el mercado de mil 457 millones de dólares anuales, revela un estudio realizado por la firma Staffinng Industry Analysts.

Una de las preocupaciones del sector empresarial es que el outsourcing se catalogue como delincuencia organizada, lo que en pocas palabras se traduce en prisión para quien lo practique.

Sin embargo, hasta este momento nada está decidido y será el Pleno del Senado quien determine si hay modificaciones o no al dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El propósito del Parlamento Abierto que se lleva a cabo hoy en el Senado de la República es precisamente analizar los cambios que sean necesarios, de tal forma que el outsourcing sea regulado, obligando a aquellas empresas que evaden al fisco y omiten el pago de cuotas al IMSS y al Infonavit a cumplir con sus obligaciones patronales.

Con la participación de todos los sectores implicados, en el Parlamento Abierto se analizan los  alcances del dictamen sobre outsourcing que plantea entre otras cosas equiparar a delincuencia organizada esta práctica empresarial.

 

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