Leyes y discrecionalidad

Congreso de la Unión.

Desde que el Senado de la República aprobó en julio pasado la Ley Federal de Austeridad Republicana y con ello otras legislaciones en las que se estableció bajo qué criterios se gasta el dinero público del país, el presidente López Obrador recibió un cheque en blanco para manejar los recursos públicos supuestamente ahorrados.

La ley de austeridad le dio a AMLO la exclusividad para utilizar con discrecionalidad el dinero que se “ahorre”, en lo que él considere conveniente y necesario.

En un artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria -parte del paquete de las leyes de austeridad que se aprobaron en el Senado en aquel mes de 2019- se señala que el Ejecutivo podrá disponer, por decreto, de los ahorros generados por la aplicación de estas medidas.

“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular”, dice la reforma al artículo 61 de dicha Ley.

En la práctica, se trata de un cheque en blanco expedido al Presidente para destinar dinero público a sus programas prioritarios, obras insignia, compra de clientela política o bien, emplearlo en lo que él decida.

Controlado por Morena y sus partidos aliados PT, PES y PVEM, el Congreso de la Unión ha caído en la sumisión absoluta e incondicional al aprobar los cambios constitucionales, las leyes y las reformas que han sido promovidas desde Palacio Nacional sin quitarles una coma.

Esta actitud legislativa es un riesgo para el propio partido en el poder, pues está otorgando herramientas no solo para que el gobierno de la 4T, sino para que quien llegue a la Presidencia del país, tenga la posibilidad de manejar discrecionalmente el dinero público.

Desde siempre, el Presidente ha tenido a su alcance la posibilidad de manejar recursos públicos como parte de su ejercicio. En el pasado, los mandatarios priistas y panistas tenían acceso a la llamada “partida secreta”, una bolsa de dinero público que podían manejar sin rendir cuentas y en total opacidad. 

AMLO le cambió el nombre a esa “partida secreta” y ahora los llama “ahorros”, aunque en realidad se trate de subejercicios presupuestarios.

El pasado 23 de abril, el presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que su artículo 21 quede de la siguiente manera: “En caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría (SHCP) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal”.

Con ese párrafo, el Presidente anula toda facultad de la Cámara de Diputados en materia presupuestal. Así de simple, la desarma y la coloca como simple florero.

Las voces en contra de la referida ley se alzaron en San Lázaro y se advirtió que la iniciativa del Presidente para modificar la referida ley es inconstitucional toda vez que viola los artículos 126 (no podrán hacerse pagos no comprendidos en el Presupuesto de Egresos), 49 (acerca de la división de poderes), 74 (sobre la facultad de fiscalización exclusiva de los diputados) y 134 (referente a los recursos a disposición de la Federación, estados y municipios).

Si la iniciativa es aprobada en los términos en que la envió AMLO, lo cual es muy poco probable, pues hasta en Morena hay quienes se oponen a ello, no habrá fiscalización alguna y todos los recursos generados por los impuestos se gastarán sin escrutinio, sin fiscalización y en su caso, sin sanción alguna.

La iniciativa convierte al Ejecutivo federal en un peligro para el país, por lo que los expertos en Derecho Constitucional lanzaron un llamado a los diputados y senadores a rechazarla.

Tan solo en el primer año de gobierno de AMLO, los ramos administrativos ejercieron  un billón 308 mil 871.0 millones de pesos, monto superior en 172 mil 276.6 millones de pesos (15.2 por ciento más), respecto del gasto autorizado por la Cámara de Diputados, un ejemplo de que el gasto público a fin de cuentas se maneja conforme a las necesidades que determine el jefe del Ejecutivo.

Las cifras se contemplan en el Informe de la Cuenta Pública 2019 que el gobierno entregó a los diputados, en cumplimiento al “acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas” –emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable–, en el que informa de sobregiros o subejercicios en los gastos de los programas emblemáticos de la 4T.

Dejar enmarcado en una ley el uso discrecional de recursos (como lo pretende AMLO con la iniciativa enviada el pasado 23 de abril) no sólo es algo riesgoso para el país, también es fomentar una situación que daña la vida democrática.

Se pretende mover el presupuesto de manera discrecional a la entera voluntad del Presidente: usar los recursos sin ningún contrapeso ni control alguno, acerca a México al voluntarismo presidencial, o mejor dicho al autoritarismo.

La iniciativa del Presidente para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sería discutida en un período extraordinario que debió aprobar la Comisión Permanente, lo cual no se dio debido a que los partidos de oposición -al fin- lograron formar un bloque lo suficientemente consistente para contrarrestar a la aplanadora morenista y sus aliados. 

jesus.belmontt@gmail.com