Apoyos y elecciones

Congreso de la Unión.- Los programas sociales del lopezobradorismo son obligatorios por mandato constitucional, con lo que se garantizan los apoyos para personas con discapacidad, adultos mayores y la creación de un sistema de becas para todos los estudiantes en condición de pobreza.

Sin embargo, el gran dilema es de dónde saldrán los recursos para financiar tales beneficios.

“Las pensiones para adultos mayores, los apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes e indígenas afromexicanos con discapacidad permanente, y becas educativas a los niños, jóvenes y adultos hasta de 29 años que se encuentren inscritos en escuelas públicas y en una situación de vulnerabilidad, serán garantizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en ningún caso podrán ser menores a las establecidas en el año anterior”, refiere la adición al artículo 4º constitucional aprobada por el Congreso.

La reforma también establece un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que garantizará los servicios de salud a la población que carece de seguridad social.

En el papel se ve muy bien, pero en la práctica muchos expertos en finanzas públicas cuestionan su viabilidad financiera ante el estado paupérrimo de la economía como consecuencia de  la contingencia sanitaria del Covid-19 que ha alterado negativamente los indicadores financieros del país.

Otros factores que dificultan el cumplimiento de los apoyos contemplados en la citada adición constitucional son la baja recaudación fiscal, inversión paralizada en infraestructura privada y pública, mercados financieros desplomados, inestabilidad de los precios del petróleo y de la paridad del peso frente al dólar, y un alarmante desempleo que a estas alturas ya está afectando drásticamente los niveles de consumo.

Aunque el gobierno federal se niega a reconocerlo, es una realidad que la citada adición al 4º constitucional ejercerá mayores presiones a las arcas públicas.

Este cambio constitucional reducirá el margen de maniobra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el manejo de recursos necesarios para acciones como la operación y desarrollo de hospitales, escuelas, vías de comunicación; pago de pensiones (adicionales al programa de personas mayores); pago por intereses de la deuda pública; salarios de funcionarios públicos; recursos para los estados de la República, entre otros rubros.

La aprobación de la reforma en marzo pasado se dio en medio de una serie de factores que debe sortear la Secretaría de Hacienda por la menor captación de ingresos por impuestos al consumo ante una disminución del crecimiento económico a causa del confinamiento por el Covid-19, el creciente desempleo y la inestabilidad de los precios del petróleo.

Hay que hacer notar que la adición que se hizo al 4º constitucional, puso algo así como un seguro para que los recursos que se entreguen para los programas sociales nunca sean menores a los entregados el año anterior, adicional al ajuste por inflación.

Estas presiones presupuestarias pueden generar que la promesa de otorgar estos apoyos quede simplemente en buenos deseos, o que de plano se sacrifiquen rubros de vital importancia que generen crecimiento económico. Y creemos que esta ha sido la opción.

Hacienda descarta tales presiones al señalar que los apoyos “ya estaban en el presupuesto (de este año) y claramente lo único que se necesita hacer para saber cuál es el impacto en el tiempo, es saber cuál va a ser el crecimiento de estos programas; por ejemplo, el programa de adultos mayores, esta población tiene un crecimiento menor al dos por ciento, los ingresos crecen a una tasa superior que esto”.

No pocos ven que en el fondo de la reforma al citado artículo constitucional se esconden los intereses políticos del presidente López Obrador, toda vez que con ello pretende mantener su clientela electoral con miras a los comicios del año entrante en que se disputarán nada menos que 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados y la concurrencia de 32 elecciones locales. El proceso electoral 2020-2021 inicia dentro de tres meses.

***Durante su reciente visita a Chiapas, el presidente López Obrador resaltó que la Mesa de Seguridad de la entidad encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es la que mejor funciona en todo el país, porque el mandatario no falta, ni manda representante alguno, lo que se refleja en buenos resultados.

“Con un trabajo coordinado entre policías municipales, policías estatales, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, se busca garantizar la paz y la tranquilidad, para darle seguridad a la población, ese es nuestro trabajo, independientemente de qué partido venimos, ya estando en el gobierno tenemos que actuar de manera conjunta”, dijo el Presidente.

En su gira por Tlaxcala, el jefe del Ejecutivo federal reconoció la constancia y presencia del gobernador Escandón Cadenas, así como de sus homólogos de Tlaxcala, Campeche y Tabasco, en las mesas de seguridad que se realizan diariamente en sus entidades.

AMLO mencionó que se reúne con el gabinete de seguridad del gobierno federal de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 de la mañana, junto a la secretaria de Gobernación, los secretarios de Marina, de la Sedena, de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros, para atender el problema de la inseguridad y la violencia.

“Esa reunión que hacemos se replica en los estados, no todos los gobernadores asisten, hay algunos que no se levantan temprano, con todo respeto, y lo que hacen es que delegan, pero nos consta que los gobernadores de Chiapas, Tlaxcala, Campeche, Tabasco, están diario sobre el tema, y esto ayuda mucho, porque sumamos esfuerzos”, señaló.

 

jesus.belmontt@gmail.com