Policías y la seguridad

Congreso de la Unión.- La falta de profesionalización y la existencia de bajos salarios en las corporaciones policiales, representan factores de riesgo para la presencia de actos de corrupción y la cooptación de miembros de estas instituciones por parte del crimen organizado.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública ha establecido una serie de programas de dignificación policial que permitan la mejora de condiciones laborales y el fortalecimiento integral del desarrollo policial e institucional.

El estado de fuerza a nivel nacional de las policías preventivas estatales es de 130 mil 355 elementos que dan una cobertura de 1.05 policía por cada mil habitantes. De esta cantidad, 127 mil 962 (98.2 por ciento) han sido evaluados en control de confianza y siete mil 638 (seis por ciento) obtuvieron resultado no aprobatorio.

Al restar los elementos no aprobados, el estado de fuerza real operativo es de 122 mil 717 elementos o 0.98 policías por cada mil habitantes, por lo que las entidades requieren formar 10 mil 811 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes recomendado por la ONU.

Las estadísticas señalan que el 80 por ciento de los elementos de policía recibió un curso de formación inicial al ingresar a la institución policial, 58 por ciento recibió al menos un curso de actualización y 29 por ciento recibió mínimo un curso de especialización.

El sistema de desarrollo policial del gobierno federal se estructura a partir de cuatro ejes que tienen por objeto garantizar la estabilidad, la seguridad, la igualdad de oportunidades y fomentar la vocación de servicio y sentido de pertenencia a las corporaciones.

La administración estatal ha reconocido en reiteradas ocasiones la labor de los hombres y mujeres policías para mantener a la entidad libre de violencia y delincuencia.

Esa actuación responsable y comprometida de la gran mayoría de los elementos de las corporaciones policiales, debe ser correspondida mediante la dignificación y profesionalización de su labor.

En Palacio de Gobierno saben que si se continúa caminando juntos (autoridades y policías) con el firme objetivo de defender la seguridad de Chiapas, los delitos continuarán a la baja porque esa ha sido la tendencia, mientras otros estados se debaten en una ola incontenible de criminalidad e inseguridad.

Chiapas es la entidad que más ha reducido la incidencia delictiva y eso no lo dicen las autoridades locales, sino las federales. La policía realiza un trabajo que la sociedad valora en su justa dimensión, sobre todo ahora que los elementos están cada vez mejor preparados, pero sobre todo con valores y principios sólidos.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, refieren que en incidencia delictiva general, Chiapas está en el cuarto lugar de menos delitos cometidos a nivel nacional y segundo en menor número de delitos de alto impacto.

En la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que actualmente en Chiapas se respeta y dignifica la profesión policial, cuya única misión es servir y proteger a la sociedad.

Recordó que al inicio de su gobierno dio instrucciones para retirar a más de 800 policías que estaban al servicio de particulares y funcionarios, así como de sus familiares, y que, en ocasiones, eran utilizados para cuidarlos en sus borracheras o, incluso, limpiar baños.

Escandón Cadenas explicó que estos lujos de unos cuantos generaban un gasto superior a 100 millones de pesos al año, pues se les pagaban viáticos, hoteles, gasolina para automóviles del Estado, lo que, dijo, era injusto en una entidad pobre económicamente y con tanta necesidad.

“La seguridad de Chiapas ha mejorado porque tenemos más policías cuidando al pueblo y no a holgazanes. Que se escuche bien y que se oiga lejos, no hay ningún policía al servicio de particulares y mucho menos de ningún funcionario público”.

***El marzo de 2017, Andrés Manuel López Obrador sentenció que el ex presidente Calderón y Peña Nieto (en ese momento aún mandatario) convirtieron al país en un cementerio con una guerra absurda, que había dejado hasta esa fecha 210 mil asesinatos.

“En 10 años, 210 mil asesinatos y más de un millón de víctimas de la violencia”, dijo el entonces presidente de Morena.

En aquella fecha señaló que su propuesta era ya no seguir con la misma estrategia, por razones humanitarias y porque no hay resultados. “Es decir, regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y retirarlos de la calle”.

Durante su campaña, AMLO hizo varios pronunciamientos señalando la importancia de eliminar la presencia militar de las calles; sin embargo, el planteamiento de su gobierno dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad es totalmente opuesto, pues serán las Fuerzas Armadas quienes se encarguen de la seguridad en el país.

Incumpliendo sus promesas de campaña, ignorando consideraciones políticas fundamentales, desechando la opinión de la CNDH y de organismos internacionales, el Presidente decidió optar por una militarización como nunca ha conocido el país en su historia reciente.

Senadores del PAN presentaron diversos amparos para impugnar el decreto presidencial que instruye a las Fuerzas Armadas permanecer en tareas de seguridad pública. La acción se suma la controversia constitucional que interpuso el fin de semana Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitando revisar la constitucionalidad del acuerdo del gobierno federal. Veremos si la SCJN demuestra autonomía e independencia.

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