La persecución penal desatada por la Fiscalía General de la República contra 31 integrantes de la comunidad científica y académica con acusaciones tan graves como inverosímiles que incluyen operación de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada revela algo más que el uso faccioso de las instituciones. El caso es congruente con las prioridades de esta administración y su peculiar concepción del combate a la corrupción.
En la pasada legislatura se reforzaron medidas de corte punitivo que no incluyeron mayor profesionalización, mejores capacidades para investigaciones robustas o condiciones mínimas de certeza jurídica tanto a funcionarios como a ciudadanos. Bajo la lógica de cortar cabezas y exhibir trofeos políticos se aprobó una reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos graves a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa. En esta categoría se incluyó el delito de corrupción en cuanto al enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. Con ello cualquier persona acusada penalmente por estos delitos debe seguir el proceso en la cárcel y sin derecho a fianza.
En la misma legislatura se aprobó la ley nacional de extinción de dominio la cual permitía al gobierno hacerse de uno o varios bienes generados o involucrados en actividades ilícitas. Aunque esta figura ya existía previamente la novedad fue que las personas acusadas quedaban sin derecho a la reparación del daño – es decir a recuperar sus bienes- aún y cuando no se hubiera probado el delito. Bastaba una acusación y una carpeta del Ministerio Público para que esos bienes pasaran a ser propiedad del gobierno. Una acción de inconstitucionalidad permitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrigiera e invalidara varios artículos de esta ley. Pero la lógica del castigo siguió y sigue.
Las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, mejor conocida como la Ley Nieto, permite el bloqueo de cuentas bancarias sin posibilidad de amparo cuando existan indicios claros de que los recursos a congelarse son producto de actividades ilícitas o pertenecen a personas físicas o morales involucradas.
Hace unos días el Senado hizo modificaciones al paquete de reformas relativas a la Ley de Juicio político y declaración de procedencia cuyo objetivo es sancionar, destituir o inhabilitar a los funcionarios de alto nivel -desde el Presidente hasta gobernadores- que incurran en violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales o hagan uso indebido de fondos y recursos federales. En un principio esta iniciativa permitía que se aprobara la destitución de un Gobernador desde el Congreso federal lo cual fue corregido.
Hasta ahora, ninguna de estas medidas ha servido para desarticular redes de corrupción, fortalecer el Estado de derecho o mejorar el desempeño de las instituciones.
Si en cambio, para cambiar declaraciones (como en el caso Lozoya) tratar de destituir Gobernadores, estigmatizar o perseguir adversarios políticos. En el caso de los académicos, en dos ocasiones, los jueces federales han negado las órdenes de aprehensión por considerar que los datos expuestos son insuficientes. Los hechos delictivos comparan al funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una asociación civil creada por Ley, al de una organización criminal semejante a la de cualquier cártel del narcotráfico. Se busca que a este grupo que tuvo el mal tino de estar en el CONACYT y en el Foro durante la administración anterior se convierta en el trofeo en turno. Sin la garantía de la presunción de inocencia, la proporcionalidad y el debido proceso, el gobierno ya decidió que merecen una celda junto a personajes que descuartizan, violan y secuestran. Me temo que no será el único caso.