EU-Venezuela-Coronavirus

Ante el fracaso de derrocar por otros medios al gobierno de Venezuela, a Estados Unidos no se le ha ocurrido otra opción más que acusar de narcoterrorista al presidente Nicolás Maduro y a sus principales funcionarios y colaboradores.

En plena crisis por la sobrevivencia de la humanidad a causa del mortal coronavirus, la administración de Donald Trump ha puesto precio a la cabeza de Maduro: Quince millones de dólares.

Quién sabe si el plan estaba ya elaborado antes de que la pandemia azotara tan ferozmente al mundo o si el gobierno de las barras y las estrellas encontró una coyuntura que le parece apropiada para deshacerse de Nicolás y de su gobierno.

Lo que no es difícil de suponer es que detrás de la nueva arbitrariedad gringa está el intento de desviar la atención por sus deficiencias en el sistema de salud y la política para enfrentar la pandemia, lo que ha ocasionado ya más de diez mil muertos en el vecino país del norte.

Es evidente que Trump busca también empezar a hacer campaña para tratar de reelegirse en noviembre próximo, a costa de Venezuela, como antes sus antecesores lo hicieron en otros países, Irak, uno de ellos.

Desde luego que uno de sus principales objetivos, no de ahora, sino desde que estaba Hugo Chávez, es asegurar el petróleo de esa nación sudamericana y poner a un aliado-títere, además, claro, de mantener el control geopolítico en la región. Por más que algunos digan que pronto dejará de tener valor, el petróleo seguirá siendo por muchos años todavía, el oro negro y los gringos lo saben. De ahí la importancia de la construcción de las refinerías que construye el actual gobierno mexicano, aunque los opositores las critiquen.

Parecería que Estados Unidos prepara las condiciones para que una vez que medio haya controlado el problema de la pandemia y conforme se acerque la fecha de las elecciones de noviembre, se lance en contra de Venezuela, con acciones militares directas o a través de la consabida desestabilización política y social que hasta ahora no le ha resultado.

No se antoja tan factible una descarada invasión como ocurrió en Panamá en 1989, cuando fue detenido su presidente, Manuel Antonio Noriega, acusado, justa o injustamente, también de narcotraficante, aunque seguramente está entre sus opciones, en caso de fracasar por otros medios.

A la mejor, también, Estados Unidos confía en que puede hacerse del control de Venezuela sin la necesidad de intervenir militarmente, porque en los días recientes propuso una solución, a través de un gobierno de transición conformado por la oposición y el partido en el poder (el planteamiento excluye a Maduro y al líder opositor Juan Guaidó), que se encargaría de convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de entre nueve y 12 meses.

En lo que constituye un giro en su política, la administración de Trump asegura que aceptaría cualquier resultado de elecciones libres e imparciales, en las que apoyaría como candidato presidencial, claro está a Guaidó, la figura política opositora más popular en Venezuela, aunque no ha quedado claro si Nicolás podría participar en los comicios, según Washington.

Lo que busca tal vez también el gobierno del país vecino del norte con la acusación de narcoterrorista a Maduro, es presionarlo para obligar a realizar nuevas elecciones para sacarlo del poder mediante el voto, pero es poco probable que acepte fácilmente, sobre todo cuando cuenta con el apoyo de Rusia y de otros países importantes.

La noticia de la acusación en contra de Maduro no ha tenido la repercusión y la atención como en otros momentos de la opinión pública, debido precisamente a la pandemia, que tiene a gobiernos y habitantes sumidos en la incertidumbre de lo que viene, pero seguramente más adelante se dimensionará a cabalidad, por lo que habrá que esperar.

Y es lógico que en estos momentos la atención esté centrada en cómo detener la pandemia y en evitar que mueran muchas personas por Covid-19

Preocupadas como están, muchas personas -los opositores al gobierno, principalmente- se enfocan en las carencias de medicamentos y personal en los hospitales y en general en la carencia de un sistema fuerte que responda a las necesidades de la gente, pero olvidan que los gobiernos anteriores no sólo desmantelaron todo, sino que saquearon los recursos económicos destinados al sector.

Uno de los ejemplos más cercanos que tenemos está en Chiapas, donde la falta de medicamentos, de instalaciones y personal suficientes es palpable desde hace varios años. En el gobierno anterior, particularmente, hubo una crisis terrible que afectó a miles de personas que tuvieron que acudir a centros hospitalarios privados y comprar sus medicamentos o insumos que no se encontraban en las instituciones públicas.

Eso sí, algunos de los que fueron secretarios de salud en los dos anteriores gobiernos, se hicieron de propiedades como ranchos con caballos pura sangre y otras adquisiciones de lujo, sin que en algún momento se les haya aplicado la ley por el desvío de dinero destinado a la salud pública. Justamente, ese es uno de los reclamos de muchos chiapanecos, sobre todo ahora que tanto se necesita de recursos para enfrentar la pandemia.

Por cierto, ayer se reportó desgraciadamente la primera muerte por Covid-19 en Chiapas. Se trata de un hombre de 55 años, con domicilio en La Independencia, que estaba hospitalizado en Comitán. Según las autoridades de salud, él y su familia “se negaron” a que “recibiera asistencia respiratoria mecánica a través del método de intubación, por lo que su deterioro lo llevó a caer en un paro respiratorio y no pudo recuperarse”. Si esto es cierto, sería muy lamentable porque se le pudo salvar la vida, como presuntamente está a punto de ocurrir con un paciente internado en Palenque, que ha ido mejorando. Fin