Cuando todo haya pasado y comencemos la nueva normalidad que nacerá después de la pandemia que ahora causa tanta incertidumbre, desorden y reacomodos a la forma de vida a la que estábamos acostumbrados, habrá que hacer un balance acerca de la responsabilidad gubernamental y social sobre el desmantelamiento de la red hospitalaria y los servicios de salud en general.
Los gobiernos neoliberales, no sólo en México desde luego, se dedicaron durante las últimas décadas a destruir los servicios y la atención médica que están obligados a prestar a la población para devolverle los altísimos impuestos que cobran al grueso de la población (cierto, algunos multimillonarios los evaden con la complicidad oficial).
A la par de que fueron acabando con los servicios públicos de salud, los gobiernos priistas y panistas fueron orillando a la privatización para que cada vez más las personas pagaran el costo por la atención y los medicamentos, mientras que el Estado dejaba de lado su responsabilidad constitucional de atender bien y no a medias a toda la población.
La pandemia de Covid-19 ha obligado al gobierno a comprar de última hora y con todas las prisas que la situación impone, equipo e insumos -ventiladores, entre los principales- para atender a miles de enfermos, pues el país carecía no sólo de infraestructura hospitalaria suficiente que fue abandonada en aras de la privatización de los servicios de salud.
También ha tenido que contratar nuevo personal para la atención de la salud porque México tiene un déficit de 200 mil médicos (alrededor de 123 mil generales y 76 mil especialistas) y 300 mil enfermeras, según las actuales autoridades de salud.
Y pensar que tantos profesionistas del sector están desempleados o subempleados. O sea que no es que no se les necesite, sino que el modelo económico imperante (ojalá la pandemia lo enterrara) los ha marginado y dejado sin oportunidad de obtener un trabajo en el gobierno, porque cada vez más el Estado se ha desentendido de su responsabilidad.
No sólo es que la autoridad haya dejado de lado el deber constitucional de proporcionar salud suficiente y de buena calidad a la población, sino que ha habido una exagerada corrupción (ojalá también la enterrara la pandemia), que ha facilitado que muchos funcionarios pasados o en activo se hayan enriquecido a costa del erario público. En Chiapas, sin ir más lejos, hay varios ejemplos, sobre todo en los dos anteriores sexenios.
En medio de la emergencia, parece que el gobierno federal ha resuelto en lo inmediato lo necesario, quien sabe si lo suficiente porque falta lo peor, la cuestión del equipo, insumos e instalaciones hospitalarias, algunas de las cuales han tenido que ser improvisadas en espacios públicos o privados.
¿Qué seguirá después de que termine la emergencia en el país? No lo sabemos, pero uno pensaría que todos esos equipos que han sido adquiridos y el personal que ha sido contratado se pongan al servicio de la población en general para que ya no haya carencias ni excusas para no atender a todas las personas que lo requieran.
Hasta antes de la pandemia muchos enfermos se quedaban sin atención por falta de hospitales o de trabajadores de la salud, además de que los medicamentos no eran suficientes. Estaba la esperanza de que con las reformas hechas al sistema en los meses pasados, la cosas cambien más adelante.
Ahora habrá que aprovechar la inversión millonaria que se ha hecho para garantizar el acceso a la salud de toda la población, que el personal que sea contratado en esta emergencia se quede para cubrir las necesidades cotidianas y no sólo para atender la pandemia y que todos los hospitales sean equipados al cien por ciento con lo necesario. Si fuera así, se podrá decir que no hay mal que por bien no venga.
Una de las lecciones que deben de aprenderse de la emergencia es la necesidad de unir en la medida de lo posible como se ha tenido que hacer ahora, a todo el sistema de salud en el país para brindar una mejor atención a toda la población.
En fin, que después de todo el desastre ocasionado por la pandemia, algo bueno quede en cuanto a salud, uno de los principales servicios que el gobierno está obligado a brindar a la población. Ojalá que todos los recursos humanos y materiales adquiridos en esta coyuntura, queden una vez pasada la pandemia, al servicio de todos los mexicanos.
Cuidado con Carranza
En Venustiano Carranza continúan los conflictos por la disputa de tierras, por lo que las autoridades de los tres niveles deben de tener mucho cuidado para evitar que las diferencias terminen en derramamiento de sangre.
Un grupo denunció que apenas ayer, una organización antagónica destruyó más de 60 casas en los poblados de San Bartolomé de los Llanos y Yash Chem de los Pobres, sin que, por fortuna, se hayan reportado lesionados.
Sin embargo, el riesgo está latente porque las familias que ayer voluntariamente abandonaron sus casas y la tierra, están decididas a regresar a como dé lugar, inclusive si va de por medio su seguridad personal.
Pareciera que hasta ahora las autoridades no han atendido el problema según la urgencia que amerita, sino que han minimizado el riesgo de confrontaciones con resultados lamentables. Ojalá no sea así, aunque desgraciadamente están puestas las condiciones para ello.
Aparte de este conflicto en concreto, en ese mismo municipio está latente el riesgo de enfrentamientos o agresiones entre otros grupos y comunidades que se acusan mutuamente de provocaciones. Por cierto, a juzgar por las acusaciones mutuas entre muchos grupos y organizaciones, en Venustiano Carranza medio mundo es paramilitar. Aunque las acusaciones son una forma ya rayada de descalificación, lo cierto es que en ese y otros lugares muchas personas tienen armas de fuego y están dispuestas a usarlas en forma individual o colectiva para conseguir sus propósitos. Urge un desarme para evitar sorpresas; que no vayan a desaparecer, a descomponerse, a subutilizarse o a guardarse. Fin.