Bienvenido el debate

En medio de la coyuntura de la pandemia de Covid-19 y los efectos que las bebidas azucaradas ocasionan a la salud de las personas (diabetes, obesidad, etcétera), se ha reavivado el debate acerca de la necesidad de que se revoque la concesión para el aprovechamiento de agua a la compañía Inmuebles de Golfo S.A de C.V., que elabora varios refrescos, incluyendo uno de cola.

El debate ha surgido a partir de un documento que el 26 de marzo pasado envió el síndico del ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Miguel Angel de los Santos Cruz, a la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez Cisneros, y al director del Organismo de Cuenca Frontera Sur, Francisco Zebadúa Alba, para solicitar la “revocación” de la concesión a la empresa Coca-Cola FEMSA.

El argumento del representante legal del cabildo es que la extracción de agua en la cantidad que usa la empresa citada, “genera efectos negativos y ponen en riesgo el abasto de este vital líquido para la población en general, así como por los graves daños colaterales a la salud, relacionados con el consumo de refrescos (caries, diabetes, obesidad e hipertensión, entre otros)”.

El documento está fechado el 26 de marzo pasado, pero nada había pasado hasta hace unos días en que la nota se publicó a nivel nacional y la Conagua se apresuró a responder que “no existen elementos para revocar” la concesión a la empresa.

Esto ha dado pie para que diversas organizaciones, grupos y colectivos defensores del ambiente, arrecien la demanda de que se cancele la concesión a la empresa; seguramente en los próximos días o semanas habrá reacciones en ese sentido.

De acuerdo con ambientalistas locales, la compañía extrae del subsuelo un millón 400 mil litros de agua al día para la elaboración de bebidas azucaradas, lo que pone en riesgo la permanencia del líquido en San Cristóbal.

La Conagua sostuvo que dicha empresa tiene una concesión de 419 mil 774.30 metros cúbicos de aguas nacionales anuales a través de dos pozos, al tiempo de agregar que de “los dos pozos con los que cuenta Inmuebles del Golfo, S. A de R.L. de C.V., extrae agua a profundidades de 130 y 200 metros, por lo que no se afecta la fuente de abastecimiento urbano que ocupa el organismo operador de agua en San Cristóbal de Las Casas, dado que se realiza con aguas superficiales provenientes de manantiales y pozos someros”.

Sobre esto último existen divergencias entre estudiosos del tema y ambientalistas. Algunos opinan que la empresa no afecta en nada al sacar el agua de pozos de hasta una profundidad de 200 metros; es decir, del subsuelo porque además es mucha la que está disponible todavía, pero otros opinan lo contrario.

Otro debate que no es nuevo es si la presencia de la empresa es más benéfica que perjudicial. Un sector la defiende, otro la sataniza y demanda su cierre.

Los que están a favor de que permanezca defienden los beneficios por los más de 200 empleos que genera y la derrama económica que de alguna forma deja, aunque se sabe que la mayor parte del dinero ni siquiera se queda en país.

Quienes están en contra argumentan que ello no es suficiente comparado con el daño por la extracción del agua y las afectaciones a la salud que ocasiona el desmedido consumo de bebidas azucaradas, aunque ello tenga que ver con costumbres, formas de vida y con una decisión estrictamente personal.

Es cierto que cada vez más el agua escasea en la ciudad y en algunas colonias carecen de un servicio eficiente y de calidad por la falta de inversión, pues el problema se solucionará con la construcción de pozos profundos, pero también hay cientos o miles de consumidores que nada pagan o no pagan la cuota completa, por lo que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), carece de recursos para dotar del servicio. Y si a eso le agregamos los actos de corrupción que en cada administración se dan, peor tantito.

¿Será posible encontrar un punto medio para que ambas partes queden satisfechas? Es decir, que la empresa no cierre y que al mismo tiempo no destruya el ambiente ni despoje del agua a la población. ¿Y si la compañía trajera el agua del río Grijalva, por ejemplo? A lo mejor de lo que se trata es de buscar opciones.

Cerrar la empresa totalmente afectaría sin duda a muchas familias que dependen de los salarios de los trabajadores y disminuirá la derrama económica no sólo en la ciudad, sino en todos los municipios de la región.

Por lo demás, con la fábrica en San Cristóbal o no, los refrescos se seguirán vendiendo en todos lados, aunque seguramente más caros. Habría que preguntarse si ello contribuiría para que en las comunidades no se consuma tanto refresco de cola como ahora.

Desde luego, proteger el agua es una responsabilidad de todos porque de lo contrario las nuevas generaciones sufrirán más todavía su carencia. Si ya en estos tiempos la situación es crítica, habrá que imaginar cómo estará dentro de 30 o 40 años, por ejemplo.

Lo ideal sería, tal vez, que a partir de ese nuevo debate, todas las partes se sienten a discutir con seriedad cuál sería la mejor solución para los habitantes de San Cristóbal y para la empresa.

Picotazos

Las autoridades de San Cristóbal anunciaron que el principal mercado de la ciudad, José Castillo Tiélemans, permanecerá cerrado del jueves al sábado de esta semana, debido a que será sanitizado. Si una de las intenciones es evitar la movilidad de personas, es buena idea porque justo en ese lugar continúa día a día una gran concentración de vendedores y compradores, a pesar de la llamada jornada nacional de sana distancia para prevenir posibles contagios de Covid-19. Con el pretexto de la sanitización, esa central de abastos estará cerrada tres días, precisamente en fechas en que se festejará el día de las madres. Si el propósito es sólo realizar un aseo general a fondo, también es bienvenido. Ojalá hayan consensado bien con todos los grupos y personas para que no haya inconformidades ni conflictos porque entonces, la cosa saldrá peor. Fin.