Frentes abiertos

En su intento de transformar al país, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto riesgosamente varios flancos, en los que si va a fondo, tocará inevitablemente intereses que tratarán de desestabilizarlo.

Uno de ellos es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, cuyo esclarecimiento pareciera estar en curso, luego de desecharse la llamada “verdad histórica” del pasado gobierno.

Ha pasado apenas año y medio desde que López Obrador tomó posesión y ya se ven avances en este caso, que durante los últimos cuatro años de la pasada administración de Enrique Peña Nieto, no observaron, ya que no había la intención de llegar hasta el fondo de los hechos que marcaron su gobierno.

Todo parece indicar que, aunque no tan rápido como demandan los familiares de las víctimas y la sociedad en general, avanzan las investigaciones iniciadas a partir de la actual administración, pues es uno de los principales compromisos del actual mandatario, llegar a la verdad.

Por lo pronto, como resultado de las nuevas indagatorias, ya fueron reconocidos los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 jóvenes desaparecidos desde hace casi seis años. Los de este estudiante, son uno de los seis restos enviados para su análisis a la Universidad de Innsbruck, Austria. Los restos humanos fueron hallados en la barranca La Carnicería que se localiza a 800 metros del basurero de Cocula.

La identificación de los restos dará cierta paz a la familia, porque, por más doloroso que sea, no es lo mismo tener la certeza de que un pariente murió a la incertidumbre eterna de no saber si vive o no.  

Por otro lado, dará elementos importantes a las autoridades que investigan el caso para continuar con las indagatorias y llegar hasta el final, caiga quien caiga. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ha declarado que si es necesario se investigará a integrantes del Ejército Mexicano que pudieran estar involucrados, algo que no se quiso hacer en el pasado sexenio, ya que esa es la instrucción del presidente.

Habrá que esperar las reacciones -ojalá no las hubiera- de quienes tienen interés en que no se esclarezca el caso, porque es un hecho de que varias personas, entre ellos exfuncionarios, saldrán perjudicados.

Una gran importancia de esclarecer este caso es que se haga justicia, pero también que no haya impunidad para evitar que hechos de este tipo se repitan.

Otro expediente abierto que podría traer implicaciones políticas para el país, es el relacionado con la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien en breve podría ser trasladado de España a México para ser juzgado.

Se ha dicho a nivel oficial, que con tal de recibir algunos beneficios, el exfuncionario ha prometido colaborar y declarar todo lo que sabe en torno a los actos de corrupción cometidos en la empresa.

Es de suponerse que los intereses que serán afectados en este caso si Lozoya realmente declara lo que sabe, son de alto nivel, por lo que el caso es muy delicado y podría haber presiones y al mismo tiempo riesgos para su seguridad personal, por lo que el gobierno tiene que tomar todas las medidas necesarias para protegerlo.

Está abierto también el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del expresidente panista, Felipe Calderón, preso en Estados Unidos.

Es mucho lo que sabe, por lo que si dice la verdad, se pasará a llevar entre las patas a muchos servidores públicos, incluido su antiguo jefe.

Y qué decir de la detención del exgobernador priísta de Chihuahua, César Duarte, acusado de desvío de más de mil 200 millones de pesos, quien se había refugiado en Estados Unidos para tratar de evadir la justicia.

Su detención fue casi como un premio del gobierno del vecino país a López Obrador porque justo el día del inicio de su visita a la Casa Blanca se anunció su detención.

Como es lógico, el anterior gobierno tampoco iba a hacer algo porque fuera castigado. Desde principios de 2017 se le consideraba prófugo de la justicia.

Es evidente que si no hubiera sido por el empeño del actual gobierno en tratar de combatir la corrupción, el exmandatario no habría sido detenido. Tampoco habría sido posible si López Obrador no mantuviera una buena relación con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Estos son, pues, tres casos apenas que remontan al pasado corrupto que Andrés Manuel está empeñado en dejar atrás para que las cosas cambien. Habrá que ver si lo logra y si sus colaboradores también responden con el mismo interés y capacidad.

En cuanto empiece a castigarse los actos de corrupción, sin intereses políticos ni venganzas, claro, podrá decirse que el país ha iniciado en alguna medida la larga transformación que se requiere para sanear la vida pública en México.

Sólo falta ver los coletazos que seguramente tiene preparados el viejo régimen para tratar de impedir el avance del camino transformador que se ha propuesto el presidente, que por lo visto, va en serio, aunque algunos todavía no lo crean.

Picotazos

El presidente del Consejo Directivo del IAP Chiapas, Fernando Álvarez Simán, y la secretaria de Igualdad de Género de Chiapas, María Mandiola Totoricagüena, firmaron un convenio de colaboración, con el lema poniendo freno al coronavirus, cómo salvaguardar la salud y los derechos de las mujeres y las niñas ahora, mediante el cual se establecieron las bases y mecanismos para que, ambas partes, desarrollen acciones para un mejor aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales e instalaciones a fin de alcanzar los objetivos en sus diversos programas de capacitación y en beneficio de la sociedad chiapaneca. Servido, estimado Reynol Farrera. Fin.