A los tribunales
Como era previsible, las elecciones para alcalde de San Cristóbal de Las Casas se dirimirán en los tribunales y podría ser inclusive hasta un día antes para la toma de posesión del nuevo ayuntamiento, prevista para el primero de octubre.
Los candidatos de Morena, Juan Salvador Camacho Velasco y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Morales Zúñiga, que quedaron en segunda y tercera posiciones, respectivamente, así como Hugo Pérez Moreno y Fernando Morfin, de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, interpusieron recursos de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral, porque consideran -tienen pruebas, dicen- de que se cometieron irregularidades en las votaciones.
Ambos alegan que Mariano Díaz Ochoa, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ganó mediante un fraude y que lo demostrarán antes los tribunales.
Aunque la percepción de la población, sobre todo del candidato hasta ahora ganador, es que los tribunales ratificarán el triunfo, pero siempre está la expectativa, de los simpatizantes de los perdedores, principalmente, de que se reviertan en la mesa los resultados, con el argumento de que cuentan con pruebas suficientes.
Por lo mismo, habrá que esperar hasta que los tribunales resuelvan las inconformidades presentadas, que siguen el curso siguiente: Primero el Tribunal Estatal, luego la sala regional del Tribunal Federal ubicada en Xalapa, Veracruz, y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desde luego que es un derecho de todos los competidores de todos los niveles acudir a los tribunales cuando consideran que existieron irregularidades, con la esperanza de que en la mesa pudieran ganar lo que en las urnas no pudieron -por las razones que sean- y en parte también para enfriar los ánimos de sus seguidores, y que de algún modo se vayan haciendo a la idea de la derrota.
Muchos no entendieron en su momento las protestas poselectorales que el ahora jefe del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador realizó en 2006 cuando Felipe Calderón ganó la presidencia de manera cuestionada por un presunto fraude. El tabasqueño instaló entonces un plantón en Reforma, una de las principales vías de la capital del país.
De esa forma, le dio cauce a una salida pacífica a las inconformidades, pues muchos de sus seguidores estaban realmente enardecidos y sólo esperaban que sonara el cacho para lanzarse a las movilizaciones con las que se corría el riesgo de que estallara la violencia.
A la par, como tenía que ser, interpuso los recursos de inconformidad correspondientes ante el Tribunal Electoral porque si estaba alegando un fraude tenía que acudir a probarlo, aunque supiera de antemano que los resultados serían adversos de todos.
Claro que en ocasiones sí prosperan los juicios, cuando las irregularidades son notorias o incluso cuando existen presiones de alto nivel o negociaciones políticas. Ese no fue el caso y la historia ya la conocemos.
En el caso de los municipios, como sucede ahora mismo con San Cristóbal, es necesario esperar que los juicios pasen por todos los tribunales disponibles para que se sepa quién finalmente ganó.
Uno de los inconvenientes es que mientras ello sucede, se corre el riesgo de retrasos en la integración del nuevo equipo que gobernará, sobre todo de los funcionarios que no pertenecen al cabildo, es decir, los titulares de secretarías o direcciones municipales.
Es un poco ir haciendo planes en el aire porque si el máximo Tribunal Electoral le da el triunfo a un candidato que en los resultados oficiales no había ganado, todo se viene abajo, lo que implica que el triunfador en la mesa conforme a las carreras su equipo.
Claro que en teoría, de antemano todos, ganadores y perdedores conocen las posibilidades reales según el tamaño de sus pruebas, de darle la vuelta a los resultados. Están conscientes de si las presuntas irregularidades son tan importantes como para ganar o perder o para anular una elección. Los que siempre ganan son los abogados porque ellos cobran de todos modos.
De todas maneras, mientras los tribunales no emitan un fallo las cosas se mantienen en la incertidumbre, unos rezando para que los ratifiquen y otros para que les den el gane.
Por cierto, Díaz Ochoa acudió a los tribunales en las elecciones municipales de 2018, postulado por Mover a Chiapas, en las que obtuvo una altas votación y alegó fraude. Finalmente, alguien le pidió que no siguiera con el juicio y desistió. Ello permitió a la actual alcaldesa, Jerónima Toledo Villalobos, de Morena, prepararse paras la toma de posesión e integrar el gabinete municipal.
Habrá que esperar ahora qué sucede, si el Tribunal Electoral ratifica el triunfo de Mariano o si le da la vuelta, luego de revisar lo que sus contrincantes han presentado como pruebas: supuesta compra de votos, casillas no entregadas a los organismos electorales, gastos de campaña por arriba del tope y otras.
Por lo pronto, Díaz Ochoa ha comenzado a moverse como presidente municipal electo para tratar de avanzar. En este contexto, el pasado lunes se reunió con el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, de orígenes coletos, con la finalidad de plantearle algunas propuestas sobre el ramo.
A ese encuentro acudieron también alcaldes electos de Chamula y Zinacantán, entre otros, invitados por el promotor del encuentro: El exalcalde de San Cristóbal, Francisco Martínez Pedrero, empresario del ramo turístico.
Si Díaz Ochoa es ratificado, podrá decirse que se aprovechó el tiempo, pero si por el contrario, se revierte su triunfo, habrá sido un desgaste innecesario. Desde luego que el hecho de que el asunto se encuentre en los tribuales no debe de ser motivo para quedarse de brazos cruzados viendo cómo pasa el tiempo sin nada hacer. Fin