La pandemia de Covid-19 y la recesión autoinducida para frenarla nos obligan a pensar y a actuar totalmente diferente a como lo hemos hecho. Dos datos aterradores nos obligan a trabajar juntos. Uno es la caída en el empleo formal. El otro el incremento en la pobreza extrema y en pobreza. Tan sólo en abril las empresas que cotizan en el IMSS cortaron 555 mil 247 plazas con respecto al empleo que otorgaban en marzo. En cuanto a pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) anticipa un aumento descomunal en el número de pobres con respecto a la medición de 2018. En el peor escenario la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos pasaría del 16.8% de la población a 25.3%. La población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos pasaría de 48.8% a 56.7%.
No obstante estas cifras desoladoras, la política del país está atorada. Necesitamos del acuerdo entre el gobierno federal y el sector privado. El primero dispone de instrumentos poderosos para mitigar la crisis económica, con consecuencias negativas para el crecimiento económico y la distribución del ingreso si los aplica incorrectamente. Los segundos deciden la contratación de trabajadores y la inversión para ampliar la capacidad de producción dentro de las condiciones que propicia el primero. Indudablemente los empresarios incurren en una gran infinidad de riesgos, aportan capital y piden crédito tanto para financiar la expansión como para financiar los costos mientras reciben el pago de la venta de bienes y servicios. Sus actividades son las que generan impuestos para financiar servicios públicos y al pagar a los trabajadores hay consumo que causa el IVA y el IEPS.
Necesitamos a gobierno e iniciativa privada en armonía y alineados porque la caída tanto en la demanda de nuestras exportaciones de bienes y servicios como del precio del petróleo ha sido brutal. El encierro con la finalidad de salvar vidas y no saturar la capacidad de servicios de salud ha tirado la demanda interna. Los grandes perdedores están en las actividades de servicios relacionados con los servicios, donde destaca el turismo (aviación, hoteles, restaurantes, tours, etc), el cierre parcial del resto de las actividaes manufactureras y de construcción. A nivel global se han interrumpido las cadenas de suministro de componentes lo que a su vez afecta a los eslabones nacionales de esas cadenas.
El presidente, que es jefe de gobierno y jefe de Estado, teniendo bajo su mando a toda la administración pública federal, solo no puede mitigar la recesión. Es histórico que Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hayan adoptado medidas de política monetaria y financiera ambiciosas. Estas medidas darán un respiro sólo a las micro, pequeñas y medianas empresas con acceso al sistema financiero para impedir que se rompan las cadenas de pago. Pero es insuficiente y por ello la necesidad de utilizar también a la política fiscal. Con 56.2% de la población ocupada en la informalidad, con micro y pequeñas empresas que dan más del 70% del empleo, es un imperativo usarla. El manejo de esta crisis debe ser diferente a las anteriores, y para ello es indispensable construir un acuerdo nacional que evite cargar las pérdidas en los más pobres y más desprotegidos. Esto significa negociar para definir los términos de cómo, quiénes, con cuánto y en qué tiempo se pagará la pérdida ocasionada por un virus que vino de fuera. El incremento en la deuda pública demanda que se definan las fuentes de ingresos futuros. Así lo establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículo 18). Es el tiempo de hacer política seria con altura de miras. ¿Hay políticos para jugar?
@jchavezpresa
Economista.