Austeridad y financiamiento a partidos

Uno de los pilares del proyecto político de la “Cuarta Transformación” es hacer más eficiente el gasto público generando ahorros en beneficio de la población. Esto sin duda, ha generado muchas simpatías. Sin embargo, existen rubros del gasto que al conocerlos observamos que van en sentido contrario a dicho proyecto político.

Analicemos un aspecto que muchos analistas, actores sociales, legisladores, académicos y ciudadanía en general, han señalado como un tema necesario de revisión: el financiamiento público que reciben los partidos políticos.

De acuerdo con nuestra Constitución Política como por lo dispuesto en la legislación electoral federal, los partidos políticos nacionales contarán con los recursos para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, así como actividades específicas, mismas que el INE fijará anualmente. Para ello, la normatividad establece un cálculo en el que se multiplica el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (con corte al 31 de julio de cada año), por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El 30% del resultado obtenido, se distribuye de forma igualitaria entre los partidos políticos con registro y, el 70% restante de forma proporcional a la votación obtenida en la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa (en este caso corresponde a 2018). Consecuentemente, el pasado 6 de agosto de este año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó someter al Consejo General de dicha instancia, que es su máximo órgano de decisión, los montos de financiamiento público que recibirá cada partido político con registro nacional, para el ejercicio 2020.

El monto total asciende a la impresentable cifra de 5 mil 239 millones mil 651 pesos, que deriva de las asignaciones ordinarias ubicadas en un monto de $4,988,864,914 y $149,665,957 por actividades específicas. Los gastos relacionados a las franquicias postales y telegráficas que se distribuirán de forma igualitaria a todos los partidos políticos corresponden a $99,777,300 y a $693,490 respectivamente. Justamente el partido político Morena le correspondería la mayor cantidad de recursos alcanzando $1,760,357,966, seguido del PAN con $970,494,658 y el PRI con $914,603,291. Al partido político Movimiento Ciudadano es al que le correspondería la menor cantidad con $415,396,793.

Ahora bien, esta cifra pudiera cambiar, por lo que el INE distribuiría estas cantidades a los siete partidos nacionales y, de forma previsora, se reservaría un importe para el segundo semestre en el supuesto de que se otorgue registro a nuevos partidos políticos. Como podemos observar el gasto es escandaloso, tanto que inclusive el presidente López Obrador hizo un llamado a los partidos políticos para que reduzcan sus prerrogativas en un 50%. Sin embargo, no se trata sólo de hacer peticiones en el aire, deben concretarse con acciones palpables en donde el legislativo analice dicha reducción que, dicho sea de paso, ya ha sido formulada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y apruebe las modificaciones correspondientes al marco normativo. Sin embargo, dudo mucho que esto suceda al menos en el mediano plazo.

Algunas iniciativas que se han presentado ante el legislativo van desde la reducción del porcentaje con que se calcula el financiamiento ordinario de los partidos políticos, pasando por aquellas propuestas que buscan vincularlo a la votación emitida y no al listado nominal; o bien, hasta aquellas que de plano buscan desaparecer el financiamiento público. Es justamente en la reducción al financiamiento público donde bien podrían ahorrarse considerables recursos en beneficio de nuestra nación y no vulnerando la autonomía y operatividad tanto del INE como de los OPLE.