El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que prepara una “reforma administrativa” para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sean absorbidos por las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, respectivamente, con el fin de extinguir estos dos organismos y dedicar ese presupuesto —cerca de dos mil 415 mdp al año— a la compra de vacunas contra el Covid-19. ¿Suena tentador? El problema siempre está en los detalles.
Si bien la crisis por el Covid-19 demanda acciones extraordinarias para vacunar a la mayor cantidad de personas en tiempo récord, esto no debe ocurrir a expensas de los derechos de las y los mexicanos. Además, la suma del presupuesto de ambos organismos apenas equivale a 0.3% del presupuesto en Salud (en 2021, el presupuesto es 692 mil 430 millones de pesos), mismo que al tercer trimestre del año pasado tuvo un subejercicio de 37 mil 19 millones. En cambio, se estarían clausurando los organismos que velan por dos de los derechos fundamentales de la población: el acceso a la información y la libertad de expresión, consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución.
En 2020, el INAI resolvió al 3 de diciembre 212 mil 262 solicitudes —todos casos relacionados con la agenda anticorrupción que cuesta, según estimaciones de la OCDE, más de 5% del Producto Interno Bruto del país al año. Por otro lado, el IFT vela por la competencia en el sector telecomunicaciones, lo cual a su vez permite tener mejores condiciones de acceso a la educación de 25 millones de niños que durante esta pandemia toman clases a distancia, así como el empleo de más de siete millones de mexicanas y mexicanos que pueden laborar desde casa gracias a la infraestructura de telecomunicaciones existente en el país.
Proponer desde el Poder Ejecutivo la eliminación de organismos que garantizan que una parte importante de la economía siga activa —servicios de comercio electrónico, de entrega de alimentos a domicilio, cadenas productivas integradas a distancia con el exterior, el acceso a internet de 78% de los usuarios de telefonía móvil, la transmisión de señal de radiofrecuencia y televisiva— constituye un enorme riesgo para la de por sí comprometida estabilidad económica en el mediano plazo.
Además, cambiar las reglas de operación de los inversionistas y socios comerciales en el sector de telecomunicaciones frenaría una vez más la inversión de largo plazo. El IFT no duplica las labores del gobierno, sino que media entre autoridad y operadores en beneficio de la actividad económica, de los consumidores y del propio gobierno.
El problema del financiamiento de las vacunas no es nada menor, pero parece más urgente atender el esquema de aplicación de la vacuna y la disponibilidad de la misma, que dedicar recursos adicionales a su adquisición. Sin embargo, eso parece tenerlo claro el gobierno, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no se identifica una partida específica para la compra de vacunas para el Covid-19.
Si lo que se busca es fuentes de financiamiento para las vacunas o para cualquier otra acción urgente, una opción sería reasignar de otros proyectos, como la inversión en infraestructura petrolera, cuyo presupuesto es casi del doble que el de Salud, y sólo del megaproyecto de la refinería en Dos Bocas se podrían reasignar 45 mil 500 millones de pesos.
Finalmente, se requeriría una reforma nada fácil dada la ambiciosa agenda legislativa para el periodo de sesiones que inicia en febrero.
Más bien, en un año electoral, cualquier propuesta de vulnerar el acceso a la información y a la libertad de expresión tiene una doble connotación: la de censurar mensajes incómodos en diversos frentes —como las limitaciones del sector Salud, las muertes por Covid-19 o el lento acceso a las vacunas— y la de controlar el flujo de información.