La violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, tiene a partir de esta semana un temor adicional: el riesgo de que la institución encargada de defendernos de los abusos —no solo de los agresores—, sino de los que provienen del poder, sean vistos a través del retrovisor que acostumbra la autodenominada «Cuarta Transformación”.
La elección de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sorprendió por violar la Constitución con un procedimiento en el Senado plagado de irregularidades; porque incumplió un requisito legal fundamental para garantizar su independencia del poder: no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación; pero, sobre todo, por mostrarse extrañada frente a los asesinatos de periodistas ocurridos durante la presente administración federal y declarar que ella solo ha visto lo ocurrido en sexenios pasados.
La autonomía no admite excepciones ni sumisiones, y es pertinente recordar que en el caso de un feminicidio, el Código Penal Federal también impone penas «de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia. ¿La nueva CNDH solo se encargará de casos anteriores a diciembre de 2018?
¿Pensará que siempre puede argumentarse tener “otros datos”, aprovechando los vacíos legales o institucionales que prevalecen? Afortunadamente para las mexicanas, en su Recomendación General 40/2019 sobre la violencia feminicida y el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia en México, —vaya el reconocimiento para Luis Raúl González Pérez por este valioso instrumento— la propia CNDH reconoce que, a la fecha, no existe un mecanismo que registre de manera homogénea el número de feminicidios en México.
Sin embargo, advierte que “en todos los casos se coincide en un aumento en el número de asesinatos de mujeres (…) y todas las fuentes, incluida la investigación de esta Comisión Nacional, son coincidentes en el aumento de las cifras, dando como resultado que, en 2019, diariamente son asesinadas casi 10 mujeres en el país”, de las cuales al menos un caso, es una niña o adolescente menor de 18 años.
De actuar con la imparcialidad a la que está obligada por ley la CNDH, deberá dar continuidad y seguimiento a su propia recomendación, en la que exhorta a la Secretaría de Gobernación a reforzar “todos los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores”. Asimismo, deberá velar sin filias ni fobias, porque el Ejecutivo Federal armonice la metodología para la recopilación y unificación de los datos y cifras de feminicidio en el país, en coordinación con las entidades federativas, entre otras muchas acciones recomendadas no solo a los gobiernos federal, estatales y municipales, sino a los poderes legislativo y judicial.
La lucha por los derechos humanos no admite excepciones ni sumisión. Hoy, después de muchos años en campaña, la izquierda mexicana llegó al poder y no puede ejercerlo al margen de la ley. Debería agregar una buena dosis de congruencia y recordar a la destacada feminista Marcela Lagarde, quien ha señalado que para que se dé un feminicidio, también «concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes» y esto aplica para las anteriores, pero también para las actuales.