Una de las promesas del gobierno de López Obrador es un cambio en la política de drogas. “La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible”, dice el plan nacional de paz y seguridad 2018-2024. “El modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación”, afirma el Plan Nacional Desarrollo.
El viernes pasado tuvimos una primera pista sobre lo que será la política de drogas bajo la administración de López Obrador con la presentación de «Juntos por la Paz», un programa federal para prevenir el consumo en niños y jóvenes. El programa se plantea como una alternativa a las respuestas del Estado, en las que el consumo es abordado como un problema de seguridad. Las respuestas punitivas, como reconocen los documentos señalados, criminalizan a los consumidores (especialmente a los jóvenes) y los pone en un riesgo mayor del que supone el consumo de sustancias, sin disminuir la oferta o la demanda. Además, implican un derroche injustificable de recursos que tendrían que usarse para otros casos (como homicidios, secuestros, abusos sexuales, etc.), que sí constituyen problemas de seguridad.
Es una buena noticia que se aborde el tema desde un enfoque no punitivo. Sin embargo, el programa se mantiene en el paradigma abstencionista, que es el fundamento de la prohibición. Bajo este, el ideal es un mundo «libre de drogas», todo consumo es adicción y debe ser sujeto a tratamiento. «Sabemos que vamos a poder detener y disminuir el consumo de drogas, porque se va a atender, se van a dar opciones a los jóvenes de trabajo, deporte, de fortalecimiento de la autoestima, para que los jóvenes sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas», señaló el presidente.
Para esta concepción, el consumo es el resultado de una baja autoestima, de angustia o soledad, síntoma de que algo está mal (moral y espiritualmente) y corresponde al Estado arreglarlo. No se aceptan como razones válidas para consumir las que muchos de los usuarios articulan: la búsqueda de placer, la diversión, las experiencias nuevas o el aprendizaje. No hay espacio para ser un usuario responsable o informado, o para estrategias de reducción de riesgos y daños, que han mostrado aumentar la edad del primer consumo y evitar muertes relacionadas con el consumo de sustancias ilícitas.
Pero a pesar del mensaje abstencionista del programa “Juntos por la Paz”, sería una buena noticia el cambio de un enfoque punitivo a uno social. Sin embargo, unos días antes, se expidió el Reglamento de la controvertida Guardia. Allí se establece que las únicas dos direcciones generales especializadas por tema dentro de la Unidad de Órganos Especializados de esa nueva institución de seguridad –y en consecuencia, represiva- son las de antidrogas y de transporte aéreo. Y, la primera atribución de la Dirección Antidrogas es «combatir la producción, tenencia y tráfico» de estupefacientes. Cabe aclarar que la «tenencia» se refiere al delito de posesión, sea simple o con fines de comercio, y que esta conducta es hoy la principal causa por la que son ingresados al sistema penal – o extorsionados- los usuarios de drogas (mayoritariamente jóvenes). No es irrelevante, además, el uso la palabra «combate», entre las funciones de un cuerpo de corte militar como lo es la Guardia Nacional. Denota la lógica bélica y represiva con la que se entiende esta función.
La combinación de un programa que promueve la abstinencia y un cuerpo militar que tiene como facultad combatir la posesión de drogas, no es consistente con la condena al prohibicionismo. El combate de la tenencia, es abiertamente contradictorio con el discurso de cambio de paradigma e integración de jóvenes que pretende el gobierno. Más que un cambio en la política de drogas, augura otro sexenio en el que la reforma será promesa y la represión de jóvenes la cotidianidad.