El Congreso chileno alcanzó un acuerdo histórico para convocar en abril un plebiscito para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, un paso que generó euforia en el gobierno y recelo de una parte de la población tras casi un mes de crisis social.
“Fue un enorme acuerdo que le permitió a las diferentes fuerzas políticas conversar, hacer presente sobre el odio y la prepotencia, el diálogo y la democracia.
“Finalmente se ha dado una señal de unidad de trabajo conjunto que hoy día todos valoramos”, indicó la vocera oficial Karla Rubilar.
El acuerdo reunió a gran parte de las fuerzas políticas del país, a excepción del Partido Comunista, que horas después, sin embargo, confirmó que participará del plebiscito por una nueva Constitución. Además, el mercado recibió el pacto con optimismo.
“Fue definitivamente desahuciada la Constitución de Pinochet; hay trabajo por delante”, dijo Jaime Bassa, profesor de Derecho en la Universidad de Valparaíso.
No obstante, miles de manifestantes volvieron a hacerse sentir en la Plaza Italia, epicentro de las concentraciones en Santiago, que el viernes amaneció parcialmente cubierta por un gran lienzo blanco, acompañado por una palabra: “Paz”. Entre quienes protestaban se mostraron reparos al pacto.
“El acuerdo es otra vez algo que va a permitir que sea una Constitución entre cuatro paredes. Daremos el beneficio de la duda hasta el plebiscito, pero hay que mantener al pueblo vigilante”, dijo María Eugenia Contreras, odontóloga de 56 años.
Al caer la tarde, los incidentes aislados se volvieron a repetir con enfrentamientos violentos.
El presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda), flanqueado por los dirigentes de las principales formaciones políticas, anunció que el llamado a un plebiscito era “una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad”.