Decenas de mexicanos, a quienes en los últimos meses les han acreditado en Estados Unidos sus argumentos como un miedo razonable, lo que les permite iniciar sus solicitudes de asilo, están en una situación indefinida porque no tienen los recursos para contratar a un abogado que los represente, y la ayuda que han solicitado en diversos consulados de México les ha sido negada.
De acuerdo con un reporte de la Transactional Records Access Clearinghouse, (Cámara de Compensación de Acceso a Registros Transaccionales) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, sólo 37% de los migrantes que están en la Unión Americana y que se presentan frente a un juez de inmigración para dar seguimiento a su proceso de asilo van acompañados de un abogado especialista; el resto (63%) va solo por falta de recursos económicos. Y de esta última cifra, especialistas calculan que alrededor de la mitad son mexicanos.
Un ejemplo de esta realidad es Regina Gonzales Anís, migrante originaria de Cuajinicuilapa, Guerrero. “Ya marqué a todos [los consulados mexicanos] que estaban en donde llegué primero [San Diego y San Bernardino, California] y también aquí [en Raleigh, Carolina del Norte], pero me dicen que le llame a los abogados y pues les llamo, pero todos cobran y no tengo dinero”, cuenta esta joven de 28 años y madre de dos hijas de tres y de ocho años, y quien fue amenazada de muerte en su pueblo después de que asesinaran a su esposo, Jesús Salvador Alabes García, de 45 años.
Regina pidió a las autoridades que investigaran la muerte de su esposo. “Yo puse la denuncia y les dije quiénes habían sido, pero no los detuvieron. Luego ellos [los presuntos asesinos de Jesús] me dijeron que tenía que salirme, que tenía tres días para irme del pueblo o me iban a matar y a mis hijas también. Entonces mi papá me llevó para Acapulco y de ahí yo me vine para Tijuana y ahí estuve en Tijuana cuatro meses esperando para pasar por mi ficha de asilo [para Estados Unidos]”.
Regina y sus dos hijas estuvieron en Tijuana, Baja California, de marzo a junio de este año. Ella se ganaba la vida a vendiendo empanadas, dulces, y trabajó en una carpintería que tapiza sillones. “Ya luego que me dan mi ficha y hablo con la gente de ahí [del gobierno estadounidense], me dejan en San Diego y me recoge una cuñada que vive en San Bernardino y nos fuimos con ella”.
A Regina se le acreditó el argumento de miedo razonable y se le permitió continuar su proceso. Estando en California se comunicó a los Consulados mexicanos de San Diego, en Los Ángeles, y de San Bernardino; pero aparentemente en ninguno de ellos la ayudaron a resolver su falta de solvencia para defender su asilo frente a un juez en compañía de un abogado especialista.
Regina supo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norte América (Cofem) y se puso en contacto con Francisco Moreno, director de Comunidades de esta organización. “La señora Regina nos contactó a través de un promotor cívico de Cofem para pedirnos ayuda”, comenta el señor Moreno.
“Nosotros la apoyamos con una abogada que revisó su caso y la acompañó a la corte dos veces, de manera gratuita, pero para continuar con este tipo de casos es necesario contratar al abogado, lamentablemente así es como funciona”, explica el funcionario.
Sobre el anuncio que había hecho el gobierno federal sobre el apoyo a migrantes en situaciones extremas, el representante mexicano insistió: “De momento no tenemos recursos económicos para destinar a abogados externos que apoyen a migrantes frente a un juez; es probable que más adelante se cuente con algo así, pero de momento, repito, no existe”.