La Audiencia Nacional española tuvo en cuenta varios elementos decisivos para avalar la extradición a México del dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, según el auto judicial al que tuvo acceso El Universal.
Los jueces constataron que en el caso del empresario mexicano se cumple con el principio de doble incriminación, ya que los delitos a los que hace referencia México vinculados al fraude y la corrupción encajan en el Código Penal español.
Además, la Sala de lo Penal comprobó que los hechos imputados a Ancira Elizondo no han prescrito, por lo que corresponde a la justicia mexicana pronunciarse sobre el fondo de los mismos.
Los magistrados de la Audiencia Nacional incluyen en su auto parte de la demanda de extradición interpuesta por México para enfatizar la vigencia de los delitos presuntamente cometidos por el magnate acerero.
“Existiría una ocultación de fondos que habría tenido lugar en el momento en que el Sr. Ancira a través de su sociedad AHMSA transfiere a la sociedad TOchos Holding LTD la cantidad de 3.4 millones de dólares en una cuenta del banco suizo UBS AG, cuyo beneficiario es Emilio Ricardo Lozoya y luego su hermana Gilda Susana”, señala el auto de la Audiencia Nacional.
“Estos fondos salen de nuevo a la superficie ya ‘lavados’ cuando el Sr. Lozoya adquiere una casa en Ciudad de México y TOchos Holding realiza dos depósitos por una cantidad total de 2.580.000 US& a favor de la vendedora de la vivienda”, agregan los magistrados españoles sobre la presunta implicación del exdirector de Pemex en la operación ilícita.
Según la demanda de extradición remitida por México, la transferencia de 3.4 millones de dólares fue en concepto de pago recibido por Ancira Elizondo por la firma del contrato de compraventa de la planta de fertilizantes que pertenecía a la filial de AHMSA y que fue vendida a una sociedad filial de Pemex por un precio muy superior al de su auténtico valor, pues la petrolera pagó por ella 275 millones de dólares cuando la planta llevaba inactiva 14 años y había sido tasada por 58 millones, refiere el auto judicial.
El auto fechado el 27 de mayo será recurrido por la defensa de Ancira Elizondo, aunque es improbable que la Audiencia Nacional modifique su veredicto favorable a la extradición del empresario. Apurados los recursos judiciales, será el Gobierno español a través de su Consejo de Ministros el que apruebe finalmente la entrega de Ancira Elizondo a las autoridades mexicanas.