La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México aprobó que los violentadores de mujeres y los deudores alimentarios no puedan ser candidatos a un puesto de elección popular.
Este dictamen, que será votado por el pleno esta misma semana, establece que un requisito para ser candidato es no haber sido sentenciado por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Además, tampoco podrán ser electos quienes estén en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, al que se refieren los artículos 35 y 323 del Código Civil para la Ciudad de México, o en el Registro de Personas Agresoras Sexuales.
Qué dicen los legisladores sobre la aprobación del dictamen
Al respecto, el presidente de la comisión, Temístocles Villanueva, señaló que el objetivo de estas reformas es evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a cargos de elección popular, pues con ello se busca que los aspirantes a una candidatura independiente no hayan incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar.
Este dictamen contó con la opinión favorable de la Comisión de Igualdad de Género local, al considerar que es viable porque fortalece la administración pública local. Además promueve la prevención de la violencia institucional y apela al compromiso de la ética pública.