Encrucijada

Hace unos días, el Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer el Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina y el Caribe. A partir de un diagnóstico elaborado por ocho académicos y expertos en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, se formulan recomendaciones de utilidad. Los países de la región están en una encrucijada: o siguen con la politiquería anticorrupción o avanzan hacia una transformación sistémica.

El riesgo de no hacerlo es que los Estados acaben derruidos, como una torre de naipes.

Los datos son contundentes. Salvo el caso excepcional de Uruguay, Latinoamérica ha sufrido en los últimos veinte años, un retroceso en el combate a la corrupción. A pesar de las reformas emprendidas en la materia, estas no han logrado la transformación esperada.

En el informe, no cabe la menor duda de la causa: la captura del Estado es sistémica. Lo que tenemos enfrente son mecanismos sofisticados que van desde el trámite de ventanilla hasta el crimen organizado avalando o asesinando candidatos. 

Existen además dos condiciones novedosas. De un lado, países desarrollados que antes invertían en esfuerzos anticorrupción para la región, le están dando la espalda. La administración de Donald Trump, más obsesionada por cerrar la frontera que por ir a las causas de la migración masiva hacia su país, ha propuesto recortes de hasta el 51 por ciento, a distintos programas de cooperación. Se han reducido los controles sobre transparencia en industrias extractivas, gobierno abierto y aquellos relativos a financiamiento político e integridad financiera. En Europa Occidental, el futuro y desafíos de la Unión Europea ha modificado las prioridades.

Por lo tanto, América Latina se tiene a sí misma. Cualquier política o plan anticorrupción debe de incluir tanto la llamada corrupción de ventanilla que se ocupa de las interacciones cotidianas entre ciudadanos y gobierno, como las grandes redes de criminalidad.

En el informe se proponen cuatro pilares: el primero, tiene que ver con iniciativas regionales y mundiales. En este rubro, sobresale como problemática compartida el acceso asimétrico a información financiera sensible. Sin duda, en la región se requiere avanzar hacia un Poder Judicial con capacidades propias, profesionalizado y que respete el derecho básico a la presunción de inocencia. Sin embargo, los desafíos de la cooperación internacional pasan por los paraísos fiscales —muchos de ellos ubicados en el Caribe— que se distinguen por su opacidad y su ausencia total de colaboración. A los países latinoamericanos se les ponen trabas para acceder a procedimientos de asistencia judicial recíproca cuando se trata de hacer una investigación o seguimiento de una red de corrupción. Contar con estándares parejos de colaboración financiera es un primer paso.

El segundo pilar tiene que ver con iniciativas nacionales. Se requiere la adopción de políticas de transparencia y rendición de cuentas en áreas clave como contrataciones públicas, infraestructura y recursos naturales. Pero también es importante contar con mecanismos que brinden certeza a los inversionistas. El financiamiento de campañas electorales es otra área prioritaria. Mientras los esfuerzos se han centrado en los procesos electorales nacionales, a nivel subnacional suceden transacciones y contribuciones ilegales sin control ni vigilancia efectiva. El tercer pilar, tiene que ver con el involucramiento del sector privado y la sociedad civil. A través de mecanismos de vigilancia, cooperación, seguimiento, educación y exigencia compartida, estos actores son aliados naturales para la solución del problema. Son decisivos para generar confianza. Finalmente, el cuarto pilar es el papel que deben de jugar las instituciones multilaterales. El rol posible es el de brindar herramientas y apoyo para procesos de diagnóstico, innovación, cooperación técnica y generación de capacidades. Crisis u oportunidad, se preguntan los autores del informe, los gobiernos tienen la última palabra.