La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez explicó que la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Consejería Jurídica de Presidencia y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) colaboran en el plan federal para prevenir y sancionar la violencia política, así como para otorgar protección a candidatos en las próximas elecciones.
Rodríguez informó que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos en los cuales lamentablemente hubo 64 víctimas de homicidio.
La funcionaria recordó que se “heredó el partido de la delincuencia” tanto organizada como de cuello blanco, por lo que se diseñó una estrategia para sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados.
Explicó que más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presentaron en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Pero en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe el mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por la delincuencia.
En las estadísticas que mostró la funcionaria el CNI registra al menos 15 incidentes de violencia política para el proceso 2021: 11 homicidios (Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco), 2 agresiones (Nuevo León y Baja California Sur), 1 secuestro y 1 extorsión (Jalisco).
Dijo que los del “partido de la delincuencia” intentan competir por medio de campañas de miedo, asesinan, amenazan, ponen y ofrecen financiamiento a sus candidatos en especie o les otorgan protección y personal capital humano para hacer sus campañas, sobre todo en el ámbito municipal.
Por ello hizo un llamado a los partidos políticos y a las autoridades electorales y a otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley.