Inegi y su aportación a la seguridad y la justicia

México ha padecido altos grados de violencia urbana por más de tres décadas. Curiosamente, la mayor parte de esta larga crisis se ha vivido a ciegas, sin información básica sobre el crimen y su combate. Por ejemplo, en 1997, cuando los episodios de secuestro capturaron la tranquilidad de todos los mexicanos, aún entonces, se contaba con escasos datos, de baja confiabilidad, dispersos y de difícil acceso.

Llevó muchos años, pero hoy ya se cuenta con un cuerpo de estadísticas sobre seguridad y justicia penal mucho más robusto. Este logro es atribuible, principalmente, a un grupo de funcionarios y funcionarias de carrera, con formación en ciencias y en políticas públicas. Se trata del personal que labora en el Inegi, dentro del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Así, el logro no es una gloria del pasado lejano; es un éxito que, año con año, mantienen las mismas personas que tuvieron la determinación de colmar el vacío que existía.

Leslie Solís, una de las investigadoras que más conoce el sistema de estadísticas judiciales y de seguridad de este país, entiende la estrategia de generación de datos del Inegi a partir de dos pilares: las encuestas y los censos.

En las primeras los informantes son ciudadanos mexicanos en distintos contextos, en los segundos, los generadores de la información son las propias autoridades. Solís hace un recuento de las encuestas más importantes.

Sobresale la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). Esta encuesta hecha a ciudadanos es la mejor herramienta para medir la tendencia sobre la criminalidad común. También mide la percepción de la ciudadanía sobre su seguridad y sobre sus autoridades.

La Envipe se ha publicado cada año, desde 2011. Es una de las encuestas más grandes en su tipo a nivel mundial y permite conocer el comportamiento de más de una decena de delitos en cada entidad federativa y en las ciudades más importantes del país.

Como complemento indispensable de la Envipe, el Inegi publica la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), una encuesta trimestral en las principales zonas metropolitanas. Mide percepciones de seguridad, exposición al crimen y conflictos entre vecinos que mucho abruman a los ciudadanos.

También en el grupo de encuestas están las administradas a personas encarceladas. Son la otra cara de la moneda porque permiten conocer la visión de ciudadanos que han sido procesados penalmente.

En este grupo se tiene dos ejercicios de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol 2016 y 2021). El Instituto, aún en medio de la pandemia, logró la proeza de encuestar en cárceles en todo el territorio. Similar a la Enpol, está la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (Enasjup 2017).

A través de estos instrumentos se puede saber quiénes están en las cárceles mexicanas, por qué y cómo llegaron ahí. Se puede, además, medir el grado de apego a la legalidad con la que se conducen las autoridades.

Las encuestas listadas forman parte de una constelación de fuentes de información que el Inegi produce para entender la violencia. Se usan por autoridades, por la prensa y por académicos, como un termómetro y como un indicador para buscar soluciones. Este trabajo ha abonado al prestigio que tanto trabajo le ha costado construir al Instituto. Ojalá esta posición privilegiada se proteja y amplíe con el cambio de liderazgo que se avecina.