La solicitud que el ex presidente peruano Pedro Castillo presentó el jueves en Lima al gobierno mexicano para acogerse a asilo en México carece de asidero en la Convención sobre Asilo Diplomática, promulgada en Caracas en 1954, porque el exgobernante enfrenta numerosas causas por presuntos delitos penales que debe enfrentar ante la justicia peruana, mencionaron fuentes políticas en la capital del país sudamericano.
La noticia sobre la petición de Castillo fue confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter.
Ebrard dijo que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, se entrevistó el jueves a las 13:20 horas (12:20 en el centro de México) con Castillo.
En el diálogo, el destituido exgobernante ratificó su solicitud de asilo en México. Ebrard relató que el país inició consultas con las autoridades de Perú sobre la gestión de Castillo.
Monroy visitó a Castillo en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de ese país en Lima, donde el exmandatario, ya calificado de golpista frustrado, quedó preso desde que el miércoles fue destituido por el Congreso de Perú por incapacidad moral por tener acusaciones de supuesta corrupción de dinero público.
Castillo siempre alegó ser inocente y atribuyó los casos a una conspiración política y judicial en su contra.
El médico peruano Luis Solari, ex primer ministro, excongresista y analista político internacional, aseguró el jueves a EL UNIVERSAL que el artículo tercero de la Convención de 1954 de Caracas establece claramente que “no es lícito” otorgar asilo a personas que al tiempo de solicitarlo están acusadas de cometer delitos comunes.
“Castillo habría cometido delitos comunes. Tiene 50 carpetas por presunta corrupción en el Ministerio Público (Fiscalía General) que no han podido avanzar porque, como presidente, había tenido protección (inmunidad) de la Constitución Política de Perú”, explicó.
Castillo fue destituido este miércoles por la tarde por el Congreso de su país al fracasar en la mañana en ejecutar un golpe de Estado, imponer un gobierno de excepción, disolver el Poder Legislativo y dictar otras medidas de ruptura del orden constitucional para anticiparse al proceso parlamentario de vacancia por corrupción previsto para ese día en sesión vespertina.