Desde que, en noviembre de 2019, Rosario Piedra Ibarra asumió la Presidencia de la CNDH en una atropellada toma de protesta en el Senado de la República, nunca se había colocado en el ojo del huracán como hasta ahora que la Comisión retomó la defensa de los deudores alimentarios. Se trata de una nueva acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como consecuencia de las reformas realizadas por el Congreso de Yucatán a diversas leyes que tienen como propósito impedir la llegada de deudores alimentarios a ciertos cargos públicos. El año pasado se había presentado otra respecto de reformas impulsadas por el Congreso de Hidalgo.
Ambos actos legislativos tendrán que ser revisados por el máximo tribunal pero, en tanto, se han escuchado distintas voces de extrañamiento provenientes de instancias de defensa de los derechos de mujeres y de niñas, niños y adolescentes. El propio Senado de la República anunció la posibilidad de citar a comparecer a la presidenta de la CNDH para que explique las razones por las que se tomaron esas decisiones.
Ante las críticas recientes, la Comisión reaccionó con la emisión de dos pronunciamientos: el 054 y el 057. En el primero, el organismo trata de aclarar que no está defendiendo los derechos de los deudores, sino protegiendo los derechos humanos y que estos son de todas y de todos. (Léase los deudores alimentarios también tienen derechos).
Asimismo, dice que lo que se busca evitar es la “segregación o exclusión de los deudores alimentarios del sector público como fuente de empleo” y que “se pudo optar por medidas menos lesivas, estigmatizantes y que no pusieran en riesgo ningún derecho fundamental”. (Léase el derecho al trabajo).
En el segundo pronunciamiento, subió el tono del discurso y la Comisión se puso al tú por tú con las organizaciones que emitieron críticas, empleando incluso mayúsculas para reforzar frases como que “no será la CNDH quien atice guerras y conflictos” y que “el problema… no se resolverá inclinando la balanza hacia ninguno de los extremos… porque en éste, como en muchos temas, se requiere una visión de paz, integradora, incluyente, nunca de exclusión o discriminación…”. Ya sabemos que la última palabra la tiene la Corte, pero, en principio, condicionar el acceso a un cargo público a alguien que incumplió un deber no parece discriminatorio.
Se convoca a un posible diálogo que parece difícil que fructifique en el berenjenal actual. La pregunta sería si este suceso pudiera transformarse en algo positivo. Las críticas fundadas podrían convertirse en una oportunidad para que la CNDH acompañe con más fuerza iniciativas como la del sistema de cuidados impulsada por el Inmujeres, en el que se hace evidente que, hasta hoy, las mayores cargas domésticas han recaído sobre las mujeres. El sistema implica una revisión de los roles tradicionales para que los hombres, más allá de proveer, también asuman mayor responsabilidad en la crianza y los cuidados. Asimismo, la CNDH podría sumarse o incluso asumir el liderazgo en el impulso de políticas públicas con perspectiva de género que refuercen masculinidades transformadoras o positivas. Jugar ese rol implicaría contribuir a una profunda transformación de las relaciones -hasta ahora asimétricas- en el ámbito privado para que más temprano que tarde se logre, como efecto concomitante, la ansiada igualdad en el ámbito de lo público.