El próximo 6 de junio en México se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia, en las que las y los mexicanos votarán para renovar más de 21 mil cargos en todo el país, entre los que se encuentran 500 diputaciones, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos.
Se trata de un gran esfuerzo organizativo para que casi 95 millones de personas puedan ejercer su sufragio en 161 mil casillas para constituir los poderes legislativo federal y el de 30 entidades, así como casi la mitad de los ejecutivos estatales y tres cuartas partes de los municipios del país.
Ello obliga a que todas las instituciones federales y locales actúen con gran responsabilidad y a la altura de las circunstancias para garantizar la consolidación de la democracia. Ese proceso deberá realizarse con apego estricto a la Ley tanto por los partidos políticos, quienes abanderen alguna candidatura o por quienes decidan acudir a las urnas como ciudadanos.
Quienes, en primer lugar, tienen la obligación de respetar y hacer que se respete el Estado de Derecho son las autoridades.
En particular, es indispensable que no haya desviaciones de los presupuestos para beneficiar alguna candidatura y permitir que la ciudadanía ejerza de manera libre su derecho a elegir sus representantes y gobernantes.
En ese sentido, hay que recordar que la actual legislatura, el Congreso federal, aprobó una reforma constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a las personas que cometan el delito grave de uso de los programas sociales con fines electorales.
Sin duda, México cuenta hoy con un sistema electoral robusto basado en la Ley. En primerísimo lugar se encuentran las autoridades electorales encargadas de la organización de las elecciones y de vigilar el cumplimiento de las normas legales. De hecho, en esta ocasión, también se pondrá a prueba la autonomía de la Fiscalía General de la República a través de la fiscalía especializada en delitos electorales y, por supuesto, el tribunal federal y el de los estados deberán impartir justicia de forma imparcial.
Los poderes ejecutivos de los tres órdenes deberán cuidar que todos los servidores públicos mantengan una conducta honesta. En especial, es necesario asegurar que los programas sociales no sean manipulados por ninguna organización, candidato o candidata.
Las elecciones deben estar blindadas contra cualquier intento o forma de fraude. Para ello, es indispensable que todos asuman que México ha luchado por tener comicios limpios y que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar que se violente su voluntad. Las precampañas, campañas, la jornada electoral y su calificación posterior deben ser transparentes, justas y apegados a los más altos estándares de la civilidad política y legalidad.
El reto que tienen todos los mexicanos es que este proceso se realice en un clima de paz, de manera respetuosa y, ahora también, en condiciones de sanidad, ante la pandemia que se vive. Para ello, se requiere el firme compromiso de fortalecer la vida democrática y demostrar que en la nueva época, nadie está por encima de la Ley y que todos desean que las instituciones, antes que nadie, se conduzcan con neutralidad.