Apenas antier, a instancias de organismos globales, el mundo conmemoró por cuarta ocasión el Día Mundial de las Víctimas de Violencia basada en la Religión o las Creencias, instaurado en 2019.
Los estados con representación en la Organización de las Naciones Unidas consideraron que en el contexto mundial se ha registrado un preocupante aumento de las agresiones —mortales o no— contra ministros de culto o representantes religiosos.
Y la coincidencia con el inicio de esta administración gubernamental no tiene ninguna relación porque allá en 2019, cuando no se cumplía todavía el primer año de gestión, el tema de las agresiones a religiosos o sacerdotes no había alcanzado la notoriedad que hoy tiene.
Son dos factores los que la han puesto en el pináculo de la atención nacional.
En primer lugar, la escandalosa cifra de homicidios dolosos que se han consumado en México, cuando la administración en curso no ha llegado a los cuatro años y ya tiene registro de 131,788 muertes dolosas.
En segundo lugar, porque la violencia contra religiosos se ha posicionado en el interés de la nación a partir del activismo que causó el asesinato de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, Javier Campos Morales “Padre Gallo” y Joaquín Mora “Padre Morita”.
Hoy se cumplen 65 días de los acontecimientos ocurridos dentro del templo de San Francisco Xavier de Cerocahui, en el corazón de la Sierra Tarahumara.
Pues el lunes fue un día conmemorativo hacia quienes, como ellos, son víctimas de la sinrazón violenta de la delincuencia que no respeta personalidades ni influencias públicas.
Como en muchas cosas, hay dos interpretaciones de este hecho de violencia dirigida contra los hombres del culto, particularmente contra los del catolicismo.
Hay quien explica el fenómeno como un efecto adjunto de la violencia general que se observa en muchas partes del país, causada por la delincuencia organizada que ya campea en varios territorios.
Hay también quienes consideran que los atentados contra sus ministros son un ataque directo a la libertad religiosa. A partir del caso de los dos jesuitas, los eventos emprendidos durante julio con misas, rosarios, procesiones y recuerdos de los sacerdotes caídos, tienen la clara intención de la jerarquía eclesial de ubicar el tema en el terreno de la libertad religiosa.
A partir de la violencia de religiosos referido, hay quienes han propuesto crear una institución especializada en combatir al crimen organizado. Esto significa separar la lucha contra la delincuencia organizada del resto de los delitos.
Fundamental: una institución civil, dotada de las capacidades de inteligencia, contrainteligencia, investigación y prevención para combatir exitosamente este fenómeno que se reproduce por todos los rincones de nuestro país.
Su atención debe focalizarse en los delitos y territorios donde se manifiestan con especial virulencia y que atienda conductas que potencialmente dañen a la sociedad de mayor manera.
Hoy día el crimen organizado es ya un fenómeno complejo y multifacético que debe tener atención integral, por su crecimiento considerable en algunas zonas.
Responder a esa complejidad requiere de una atención diferenciada que diagnostique, haga mapas precisos y ataque a los criminales empezando por controlar de mejor manera el ámbito financiero.