El contexto de desigualdad de derechos entre hombres y mujeres ha generado, desde hace mucho tiempo, que diversas instancias de la sociedad civil, colectivos de mujeres, líderes de opinión, integrantes de grupos académicos, así como mujeres que, con mucha dificultad han alcanzado posiciones importantes en diversos ámbitos de la esfera pública, la promoción e impulso desde distintos espacios de cambios estructurales en nuestro sistema político.
Un ejemplo se tiene el 5 de septiembre de 1983, cuando en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en Tiahuanaco, Bolivia, y en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera Aymara, mujer de ideales que se opuso a la dominación colonial y cuyo resultado fue su asesinato en la comunidad de La Paz, Bolivia en 1782, se determinó conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas.
Esta importante fecha tiene por objeto rendir tributo a todas las mujeres del mundo que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas visibilizándolas y logrando mejores condiciones en torno al goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
El país forma parte de diversos instrumentos y tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En estos documentos México se comprometió a promover los derechos fundamentales de este importante sector de la población.
De acuerdo con datos estadísticos del Inegi, 64 millones 540 mil 634 de mujeres conforman el país, lo que representa 51.2% de la población total: 126 millones 14 mil 24 millones de personas. De este total, 23.2 millones de personas se autocalificaron como indígenas; 11.9 millones son mujeres.
Diversas instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), basándose en principios de igualdad y no discriminación pavimentan el camino para aplicar una serie de acciones afirmativas entre las que se encuentra la que corresponde a las personas indígenas.
En la elección de 2018 el INE propuso que los partidos postularan a personas que se autorreconocieran indígenas en 12 de los 28 distritos federales que entonces contaban con el 40% o más de población indígena. El TEPJF al resolver el recurso SUP-RAP-726/2017 y acumulados determinó ampliar la medida a 13 distritos lo que permitió un piso mínimo de 13 personas de origen indígena, de las cuales 10 fueron hombres y sólo 3 mujeres.
Para la elección de 2021 se estableció para esta acción afirmativa que los institutos políticos nombraran por el principio de mayoría relativa, fórmulas integradas por personas que se acreditaran como indígenas en 21 distritos determinados por el INE con población indígenas.
Estas acciones han permitido ir reduciendo la brecha de desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. Mucho hay por hacer para garantizar el ejercicio de sus derechos a las mujeres indígenas que representan las raíces, los valores primarios y la cultura que no se debe perder y que, conforme se logra ampliar y potenciar sus derechos se estará rescatando esos valores que forman parte y dan vida a los derechos fundamentales y constituyen la riqueza del país.