Cuando la “prefecta de disciplina” de un colegio católico de elite en Cancún, México, llegaba a una clase para llevar a las niñas a confesión, el ambiente se tensaba. La mujer dirigía a las niñas a la capilla para que el director de la escuela, un legionario de Cristo, abusara sexualmente de ellas.

“Mientras unas leían la Biblia, violaban a las de enfrente, niñas desde seis a ocho-nueve años”, recordó una de las víctimas de ese sacerdote, Ana Lucía Salazar, presentadora de televisión y madre de tres hijos.

“Después, nada fue igual, nada regresó a su lugar”, lamentó la mujer entre lágrimas en su casa de Ciudad de México.

La espantosa historia de Salazar, que fue corroborada por otras víctimas y la propia Legión de Cristo, ha abierto una nueva crisis de credibilidad para la otrora influyente orden, 10 años después de que el Vaticano interviniera la organización tras determinar que su fundador era un pederasta.

El caso ha confirmado que el problema de abusos en la Legión va más allá de su fundador.

Y ha cuestionado la reforma dirigida por el Vaticano. El enviado papal supo del caso hace casi una década y rechazó castigar al sacerdote o a los superiores que conocían sus crímenes, muchos de los cuales siguen en puestos de poder y ejerciendo el sacerdocio.

El escándalo no era la imagen que quería ofrecer la Legión el lunes, cuando abría su Capítulo General en Roma, una reunión de varias semanas para elegir a sus nuevos líderes y aprobar decisiones reglamentarias para el futuro.

La Legión quería aparecer tomando las riendas de su orden tras 10 años de reformas ordenadas por el Vaticano.

La Santa Sede impuso cambios estructurales tras las revelaciones sobre que el fallecido fundador de la orden, el reverendo Marcial Maciel, agredió sexualmente a al menos 60 seminaristas, tuvo al menos tres hijos y construyó una orden hermética y similar a una secta para satisfacer sus deseos y ocultar su doble vida.

Pero el escándalo en Cancún mostró que la reforma del Vaticano dejó al menos un tema clave sin corregir: castigar a agresores históricos conocidos y a las personas que les cubrieron, y cambiar la cultura de encubrimiento que permitió esos crímenes.