La semana pasada, la Secretaría de Hacienda presentó al poder legislativo el paquete económico para que sea analizado, discutido y eventualmente aprobado.
Se entregan los Criterios Generales de Política Económica que contienen los supuestos sobre algunas variables macroeconómicas fundamentales, a partir de los cuales se calculan componentes de los ingresos y del gasto público.
Se entrega también la iniciativa de Ley de Ingresos en la que se estima la composición de los ingresos públicos del año entrante, así como la Miscelánea Fiscal, que comprende los detalles específicos de cómo se implementará la política tributaria para lograr una mayor recaudación. Por último, Hacienda propone un presupuesto para ser ejercido el siguiente año en los diferentes y múltiples fines que tiene cualquier administración.
En los Criterios presentados destaca el crecimiento que la Secretaría de Hacienda espera para 2023: 3%, una tasa prácticamente del doble de las expectativas que traen otros agentes económicos. No hay que ser pesimista, dirán algunos, pero en materia presupuestal es prudente ser realista porque con base en ese estimado de crecimiento se calculan los ingresos esperados.
En términos de ingresos se espera recibir 1.3 billones de pesos por ingresos relacionados con el petróleo, 5.8 billones en ingresos no petroleros y 1.2 billones a través de deuda pública. La suma de estos grandes rubros da los 8.3 billones de pesos que la administración planea no solo ingresar sino también gastar.
La nota, por supuesto, ha girado alrededor de la deuda. Para muchos era evidente que la promesa de campaña de que no habría más deuda era simplemente una promesa hueca. Otros, con mucha generosidad explicaban que en realidad lo que el presidente quería decir era que no se incrementaría el cociente de deuda sobre PIB, y que lo mantendría estable, pero que el presidente prefería decirlo de forma simple para que todo mundo entendiera.
La contratación de deuda crecería, de aprobarse lo presentado, 36% respecto a la deuda contratada el año previo. Pero también en ese año, es decir, 2022 frente a 2021, la deuda presupuestada se incrementó 8.7%. Los números lo dejan claro.
Si se habla de la deuda acumulada, en 2018 representaban 44.9% del PIB. En los años siguientes han sido: 44.5%, 51.6%, 49.9%, 51% (aprobado para 2022 en curso) y 49.4% (planteado para 2023). Por supuesto que hay más deuda. Era evidente que así sería. Sin embargo, no se encuentra en niveles preocupantes o que pongan en riesgo el servicio de la misma.