La imagen de una madre de familia hincándose frente a una diputada en el Congreso federal para suplicar medicamento para su hijo es un recordatorio de la desesperación en la que se encuentran millones de personas sin acceso al derecho fundamental a la salud en México. De acuerdo con las últimas mediciones de la pobreza dadas a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, actualmente más de 37 millones de personas no tienen acceso a la salud. Se trata de la carencia más visible, en tiempos de pandemia.
El colectivo Cero Desabasto integrado por 68 organizaciones de la sociedad civil e impulsado por Nosotrxs ha registrado y verificado reportes de desabasto e insumos realizados por pacientes, familiares de pacientes y profesionales de la salud. También ha propuesto espacios de diálogo y medidas concretas para transparentar, organizar y mejorar la planeación, adquisición, distribución, abastecimiento y entrega de los insumos.
La evidencia registra que, a pesar de los discursos, lejos de disminuir, el problema del desabasto crece y se agudiza en todo el territorio nacional. Las entidades en donde más se ha reportado el desabasto es en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Michoacán. Solo estas cuatro entidades concentran la mitad de los reportes recabados por el Colectivo Cero Desabasto siendo el tratamiento para cáncer el que registra mayor escasez. Le siguen casos de pacientes con diabetes, trasplantes, hipertensión arterial y enfermedades de salud mental. En todos estos padecimientos el acceso a los medicamentos significa la diferencia entre la vida o la muerte. Aunque la plataforma habilitada por el Colectivo busca recabar información sobre ausencia de suministro en instituciones públicas el desabasto también ha llegado al sector privado.
El episodio en el recinto legislativo en el que se les achaca a las madres de familia estar haciendo teatro remite a otras ocasiones en el que se ha estigmatizado a ciudadanos que pacíficamente buscan una respuesta de sus representantes. Es la negación al diálogo y a la construcción colectiva de soluciones.
La última edición de Latinobarómetro, dado a conocer la semana pasada, confirma que parte de la desafección a la democracia que se vive en la región latinoamericana proviene del rezago en las garantías económicas y sociales. Los Congresos y los partidos políticos confirman los últimos lugares en los niveles de confianza. La capacidad de intermediación de intereses se encuentra en un momento crítico. Y por lo mismo, se expresa una creciente disposición a protestar por acceso a educación y a salud. Estamos frente a gobiernos que, sin importar la orientación en el espectro partidista, se miran el ombligo y se muestran incapaces de responder a los desafíos de estos tiempos.
Los ciudadanos están dispuestos a movilizarse pacíficamente y a estar bajo protesta. Pero si ni los gobernantes ni los Congresos escuchan, ¿qué vías les dejan a quienes solo quieren ejercer derechos?