El combate a la corrupción ha sido uno de los compromisos fundamentales del gobierno actual, de ahí que las reformas al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República que se discuten en el Congreso son fundamentales.
La realidad es que la corrupción a gran escala llevada a cabo en las esferas centrales del Estado, la corrupción política perpetrada a través de la manipulación de las leyes, instituciones y procedimientos, así como la corrupción menor cometida cotidianamente por funcionarios públicos desde los puestos de rango medio y bajo, han lastimado profundamente al país y a la sociedad.
Las redes de complicidades crecieron sin control entremezclando intereses y recursos públicos, privados e ilícitos, lo cual trastocó aceleradamente el orden nacional, por lo que es urgente trasformar de fondo los sistemas de impartición y procuración de justicia. Ejemplo de esta mezcla indeseable es que hoy Alonso Ancira tendrá que devolver 216.6 millones de dólares para reparar el daño por la venta de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio en 2012.
No es menor el anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sobre los indicios de corrupción encontrados en los contratos firmados por la administración anterior para que empresas privadas construyeran y operaran diversos reclusorios en el país, lo que incluye servicios de vigilancia, alimentación, de lavandería y médicos, a costos elevadísimos que se pagan con recursos públicos, incluso, aunque los reclusorios no estén en operación.
Para nadie es un secreto que los centros penitenciarios son auténticas universidades del crimen, donde existen privilegios para quienes pueden pagarlos; en su interior se venden droga, alcohol, armas y sucede un sinfín de ilícitos, pero, sobre todo, se siguen cometiendo delitos en contra de la sociedad como la extorsión, el secuestro y los fraudes bancarios. Por eso la importancia de llevar un padrón de los usuarios de teléfonos móviles que incluya datos biométricos (huella digital), así como las medidas adoptadas por las instituciones financieras para ubicar en tiempo real a los clientes que realicen operaciones digitales.
Medidas que han causado desconfianza entre la ciudadanía, debido a la corrupción e impunidad que existió durante décadas. No hay que olvidar que desde 2010 se destinaron recursos millonarios para crear registros de números celulares, cuyos resultados fueron nulos.
Por otro lado, se tiene que reconocer que actualmente de acuerdo al Inegi en los centros penitenciarios estatales existen 90 mil personas en espera de una sentencia. Se necesita menos burocracia y más eficacia; si los delitos no se investigan, persiguen y sancionan, entonces no hay justicia; como tampoco hay justicia si los imputados pasan meses o años en las cárceles sin que exista una sentencia en su contra, debido a la falta de recursos para contratar un buen abogado.
Hay que recuperar los recursos públicos que fueron desviados y ponerle fin a todos los contratos que sean desventajosos para el Estado, así como asegurarse de que no vuelva a ocurrir lo mismo en el país. La sociedad debe volver a confiar en las instituciones públicas, en la Ley y en las autoridades. Nunca más ningún gobernante, legislador o servidor público, debe transitar o terminar su gestión a salto de mata. Se tiene que ponerle fin a la corrupción e impunidad en todas sus manifestaciones.