El juez Robert Summerhays, del Tribunal del Distrito Oeste de Louisiana, escucha los argumentos sobre si la administración Biden puede poner fin a las deportaciones exprés bajo la norma sanitaria conocida como Título 42, que empezó en la administración del entonces mandatario Donald Trump al inicio de la pandemia de coronavirus.
A principios de abril los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron planes para rescindir la orden.
Los centros dijeron que la medida ya no es necesaria dadas las condiciones actuales de salud pública y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para el covid-19. La política estaría programada para finalizar el 23 de mayo.
Arizona, Louisiana y Missouri, cuya demanda está ante el juez desde el viernes, llevaron la pelea por el Título 42 a los tribunales el mes pasado, argumentando que no se habían seguido los procedimientos adecuados cuando la administración anunció el fin de la medida y que la administración no había proporcionado una explicación satisfactoria para terminarlo, reportó CNN.
Más de una docena de estados liderados por el Partido Republicano se unieron a la demanda.
El juez Summerhays resolvió en la semana prorrogar la orden temporal, que expiraba el 13 de mayo, de suspender los preparativos para levantar el Título 42.
Esto supone únicamente que se suspenden los preparativos para rescindir esa norma sanitaria, que la administración de Biden quiere levantar a partir del 23 de mayo, a falta de que el juez decida si finalmente da luz verde o no para hacerlo.
En el pasado, Summerhays argumentó: “Considero que los estados demandantes han demostrado una probabilidad de éxito sobre el fondo con respecto a, como mínimo, su reclamo de que la orden de rescisión del 1 de abril no se emitió de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo”.
Designado por el presidente Donald Trump, Summerhays escribió el mes pasado que eliminar las restricciones antes del 23 de mayo infligiría “costos irrecuperables en atención médica, aplicación de la ley, detención, educación y otros servicios” en los estados que buscan mantener la política vigente, reportó NBC Chicago.