Una de las consecuencias más nefastas de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, desatada durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), fue el incremento de casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Hoy en día, por desgracia, este fenómeno social sigue afectando a buena parte del país.
Si bien se desconocen cuáles son las dimensiones reales de dicho problema (el número de estos niños, niñas y adolescentes oscila entre 35 mil y 460 mil, según el estudio que se cite), sí se tiene muy claro que se presenta con más frecuencia en aquellos estados donde la inseguridad, la extrema violencia y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas.
“A estos factores hay que sumarles, claro, la pobreza y marginalidad de muchas familias que viven en zonas violentas, así como la deserción escolar y la baja provisión de servicios por parte del Estado”, apunta Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes.
Factor de riesgo estructural
De acuerdo con González Contró, la institucionalidad en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes es muy débil en México.
Diversos estudios recogen testimonios de niños, niñas y adolescentes en los que refieren las diferentes funciones que desempeñan dentro de un grupo delincuencial. Es así como se ha sabido que casi siempre empiezan como “halcones” (individuos que se encargan de vigilar y alertar sobre la presencia de autoridades o enemigos), pero con el paso del tiempo también pueden realizar labores de tráfico de estupefacientes o incluso convertirse en sicarios y ejecutar uno que otro asesinato.
Igualmente se sabe que son reclutados bajo la promesa de que tendrán dinero, mejores condiciones de vida y cierto poder, pero también bajo amenazas y violencia física y/o psicológica.
“Por eso es fundamental tener un marco normativo robusto que permita tratar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas cuando son reclutados por la delincuencia organizada y, en caso de que hayan cometido un delito, juzgarlos también desde esa perspectiva. Esta doble dimensión es muy relevante, pero no está suficientemente visibilizada en México”, indica González Contró.
En opinión de González Contró, no se puede perder de vista que, independientemente de que hayan cometido algún delito, los niños, niñas y adolescente reclutados por la delincuencia organizada son víctimas, que el Estado mexicano les ha fallado porque no les ha garantizado sus derechos y que la sociedad tiene que demandar acciones de prevención en territorios de alto riesgo y el fortalecimiento del marco normativo e institucional.