Con tres resoluciones emitidas en los últimos catorce días, los Ministros que hoy componen la Suprema Corte de Justicia, redefinieron las coordenadas sobre el derecho a decidir en el país. Fueron tres decisiones valientes que, desde el primer minuto de haber sido tomadas, hicieron historia.
El primer fallo, ocurrió el siete de septiembre al decidirse la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la entonces Procuraduría General de la República en contra de varios artículos del Código Penal del Estado de Coahuila. Entre los artículos impugnados se establecen penas de prisión a la mujer que interrumpiera su embarazo y a cualquier persona que le asistiera. La criminalización se planteaba de forma genérica, es decir, impedía el aborto en cualquier caso, sin excepciones. Esta prohibición absoluta respecto del aborto es la que quedó derribada, de forma unánime, por los diez ministros presentes en la sesión.
La segunda decisión de la Corte relacionada con el derecho a decidir es la de fecha nueve de septiembre. El fallo parte de las Acciones de Inconstitucionalidad identificadas bajo los números 106/2018 y 107/2018. Las acciones fueron promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como por legisladores de Sinaloa. En estos casos, la norma impugnada era una disposición de la constitución del propio Estado de Sinaloa que establece la «tutela del derecho a la vida” desde la concepción hasta la muerte.
La decisión del nueve de septiembre, gestada de forma más discreta que la anterior, es de igual relevancia. El primer caso prohíbe prohibir el aborto de forma genérica, mientras que, en este segundo caso, se impide definir un derecho a la vida de forma ilimitada. Vistos en su conjunto, se está hablando de dos elementos críticos en una pinza.
A raíz de la resolución de la Corte, es posible anticipar la revisión de estas disposiciones en las constituciones locales del resto del país.
El tercer fallo, se dio el lunes. El asunto, derivado de otra Acción de Inconstitucionalidad (54/2018) impugna una disposición de la Ley General de Salud emitida por el Congreso Federal. En este caso, lo que abordó el máximo tribunal fue la extensión del derecho de objeción de conciencia de personal médico y de enfermería en casos de interrupciones legales de embarazo; es decir, en casos en que la ley permite el aborto pero el personal de salud decide negarse a practicarlo bajo criterios individuales derivados de creencias, valores y sentimientos. Este caso fue el más debatido de los tres. El proyecto aprobado plantea que la objeción de conciencia no puede ser ilimitada y, por tanto, no podrá ejercerse, en tanto el legislador federal no defina lineamientos específicos para ejercer este derecho.
Vistas en su conjunto las tres resoluciones, representan una revolución jurídica nacional y colocan a la Suprema Corte como uno de los tribunales supremos, más progresistas del mundo.