La seguridad pública, la investigación y persecución del delito y la impartición de la justicia no pueden caminar por rutas diferentes ni responder a objetivos distintos en un país democrático, constitucional y de derecho. Por lo tanto, eliminar la corrupción y garantizar la transparencia en las instituciones y acciones de los servidores públicos en estas materias, es una condición indispensable para garantizar seguridad, justicia, paz y tranquilidad a la sociedad, en un contexto de certeza y respeto pleno al ejercicio de los derechos humanos.
De ahí que la estrategia propuesta por el Ejecutivo Federal, que ha sido dotada de legalidad por el Congreso Permanente y de legitimidad por parte de la ciudadanía, ha dado buenos resultados. Por eso, es de fundamental importancia que, las y los representante populares aprueben la nueva conformación y adscripción de la Guardia Nacional y que el Poder Judicial no elimine la prisión preventiva para los delitos que más lastiman a la sociedad.
Si los delincuentes son perseguidos por cuerpos de seguridad eficientes y no pueden sustraerse a la acción de la justicia debido a procesos claros y a jueces honestos, entonces podemos asegurar que la crisis de violencia y seguridad por la que atraviesa el país muy pronto será superada. Pacificar al país requiere de muchas voluntades, pero también, de profesionalización y probidad.
El profesionalismo, disciplina e institucionalidad de las Fuerzas Armadas garantizan su apoliticidad, integridad y sujeción a los límites constitucionales. En la actual Administración, bajo una estrategia de seguridad basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y la protección de la población, la Guardia Nacional destaca por su atención a los problemas de inseguridad y alteración del orden público, así como por su disposición para el servicio en el auxilio de problemas de la sociedad mexicana.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar otorgada por los jueces para que los presuntos delincuentes cursen su proceso en prisión y evitar que huyan, dañen a sus víctimas o cometan nuevos delitos. Es decir, es para quienes pertenecen a la delincuencia organizada, cometen homicidio doloso, feminicidio, tráfico de menores, violación, secuestro, trata de personas, roban casas habitación y transporte público de carga, para los huachicoleros, para los políticos corruptos, y para los acusados de desaparición forzada.
Los derechos humanos nunca estarán por encima de los del resto de la sociedad. Por ejemplo, el líder de la red internacional de pederastas, un hombre de origen holandés y cabeza de una asociación internacional de pedófilos, creada en 1982, que había sido detenido en febrero de 2020 en Holanda, debido a que le encontraron más de 10 mil imágenes de pornografía infantil en su casa; sin embargo, algunos meses después le permitieron llevar su proceso en libertad, aunque condicionado a permanecer en los Países Bajos, lo que le permitió huir. Fue detenido en la CDMX hace unos meses gracias al excelente trabajo policial y de investigación, y gracias a la prisión preventiva oficiosa es que no pudo huir como sucedió en su país.
Existen exgobernadores, exprocuradores, exfuncionarios y grandes delincuentes, cuyos crímenes son aberrantes e intolerables, que están tras la rejas gracias a estas figuras jurídicas y acciones institucionales.
La respuesta es solo una: ¿Estamos a favor del delito y la corrupción? o ¿estamos a favor de la seguridad y la justicia?