En el sexenio anterior, sólo 2% de los automóviles, embarcaciones, aeronaves, joyas e inmuebles asegurados por la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y ligados a un crimen fueron transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para su venta.
Información obtenida por El Universal vía Transparencia muestra que entre 2013 y 2019, la hoy Fiscalía General de la República (FGR) incautó 82 mil 213 bienes derivados de un acto delictivo; sin embargo, sólo mil 416 se entregaron al SAE.
Los vehículos de procedencia ilícita fueron los que más se transfirieron a esa institución en ese periodo, con mil 31; en segundo lugar estuvieron las joyas, con 354; inmuebles, 26; tres embarcaciones y dos aeronaves.
Especialistas en seguridad afirman que la lentitud con la que se concluyen las carpetas de investigación provoca que los bienes muebles e inmuebles ligados a un crimen tarden años en venderse.
Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, detalló que para que un objeto sea subastado, primero debe concluir el proceso judicial contra el poseedor. Además, las autoridades deben considerar que sea de procedencia ilícita.
Jorge Alberto Lara Rivera, abogado y académico de la Universidad Panamericana, aseveró que en ocasiones los bienes asegurados no llegan al SAE porque son reclamados por algún familiar del presunto delincuente o las instituciones de seguridad se los quedan para realizar sus labores.
El presidente López Obrador ha convertido al organismo en una fuente de ingresos para proyectos del gobierno, pues lo obtenido en sus subastas ha sido destinado a comunidades marginadas de Oaxaca, Guerrero y, próximamente, Michoacán.