Presentada al término del último periodo de sesiones en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mandar una propuesta de reforma electoral cuyo corazón busca atender dos exigencias ciudadanas que no han podido ser resueltas en más de tres décadas. Por un lado, pretende mejorar la calidad de la representación política tanto en los Congresos federal y estatales como en los municipios. Por el otro, busca reducir el alto costo de la democracia electoral.
Para nadie es un secreto que la millonaria bolsa de recursos públicos que se destinan a los partidos políticos no se ha traducido en mejores cuadros políticos, en mayor calidad del trabajo legislativo, en un aumento de voces o inclusión de causas ni tampoco en mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas.
El modelo de financiamiento mixto que tiene México partió de la premisa de generar mejores condiciones de equidad para todos los partidos políticos y sin duda es necesario revisarlo. Sin embargo, la propuesta busca eliminar el financiamiento público para las llamadas actividades ordinarias para que estas sean financiadas por simpatizantes y militantes. Según la propuesta la fuente debe ser identificable y no podrá exceder ciertos topes.
Se propone también un modelo de representación proporcional pura tanto en los Congresos federal y estatales, a través de listas estatales que eliminarían 200 diputados federales y 96 Senadores y que limitaría de 15 a 45 el número de diputados estatales. Una reducción similar se propone para la integración de los municipios limitando la composición de las regidurías. La propuesta del voto electrónico también es un acierto, ya que se ha demostrado su pertinencia en zonas urbanas y bien comunicadas.
Para seguir con la reducción de costos se pretende también eliminar a los Organismos Públicos Locales Electorales y que el INE se consolide como órgano electoral nacional bajo la figura de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Las premisas del planteamiento develan la intención de la propuesta. Para el presidente, el INE atraviesa una “crisis de autoridad” que le ha impedido cumplir con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. Por ello propone una reducción y relevo general tanto de todos los consejeros electorales como de los magistrados del Tribunal Electoral.
La ruta propuesta es el voto ciudadano sobre listas propuestas por los tres poderes públicos en donde Morena tiene mayoría. Este método vendría a reemplazar el sofisticado mecanismo de quintetas en el que participa un comité técnico propuesto por el INAI, la CNDH y la Junta de Coordinación Política del Congreso.
Un mecanismo abigarrado, pero abierto y blindado para garantizar perfiles con conocimiento e independencia política de los partidos. Para muchos la propuesta es una trampa para apropiarse de los órganos electorales rumbo a la elección presidencial de 2024 por lo que hay que cerrarse al diálogo.
Para otros, es la oportunidad para que los partidos fijen una postura en temas urgentes como el voto del crimen organizado, el dinero ilegal en las campañas o la violación a la ley electoral mediante la promoción de cargos desde el poder. Ignorar o convocar a un diálogo, ese será el dilema.