Hace unos días se conmemoró el 4.20, una fecha en la que usuarios de cannabis se reúnen en diversas partes del mundo a consumir públicamente como acto de protesta al régimen prohibicionista. El 4.20 tiene ya menos sentido en Estados Unidos, donde inició el movimiento, pues la mayoría de los estados de nuestro vecino del norte han regulado de una forma u otra la cannabis. Sin embargo, en México —como en otros países de América Latina—, la prohibición sigue en pie y las personas que consumen cannabis siguen siendo perseguidas y encarceladas.
Esto, a pesar de que la Corte haya declarado inconstitucional la prohibición absoluta de la cannabis e invalidara los artículos que prohíben la autorización de actividades relacionadas con el consumo de cannabis (como el cultivo, portación o transporte). Es decir, el camino está abierto para regular el mercado de marihuana en México, se ha declarado el actual sistema violatorio de derechos pero aun así, la prohibición sigue plenamente vigente. ¿Por qué?
Por un lado, no se cuenta con el respaldo del presidente López Obrador. A pesar de estar incluido en el plan nacional de desarrollo un cambio en el paradigma prohibicionista, la política de drogas de la actual administración ha sido conservadora, estigmatizante, basada en la criminalización y, sobre todo, redobladamente militarista.
Por otro, la prohibición, específicamente el delito de posesión simple, tiene un uso específico para las fiscalías y policías de nuestro país. En un país en el que las fiscalías, rara vez logran sostener una acusación en juicio, el delito de posesión simple les permite detener y encarcelar a personas sin necesidad de hacer trabajo de investigación.
Hace unos días, por ejemplo, se supo de la detención de un grupo de mujeres que tenían tomado un edificio de la CNDH en el centro de la CDMX. Estas habían sido grabadas días antes vandalizando un carro y amenazando a la mujer que lo conducía, pero fueron detenidas por delitos contra la salud, según algunos medios, por posesión simple de marihuana.
En investigaciones del Programa de Política de Drogas del CIDE, han documentado cómo este delito se usa principalmente para suplir las deficiencias de autoridades ministeriales y para supuestamente prevenir delitos patrimoniales.
El caso de Debanhi Escobar nuevamente puso en evidencia la crisis de las agencias de procuración de justicia y seguridad en el país. Frente a esta crisis, las actuales leyes de drogas no hacen más que fomentar que persistan las malas prácticas, las deficiencias e incompetencias.
Regular las drogas y alejarnos del modelo prohibicionista es una parte fundamental para lograr un sistema que imparta justicia en lugar de impunidad. El cambio no parece que vendrá pronto del gobierno federal, pero algunos avances se han hecho desde los gobiernos municipales.
El pasado 4.20, por ejemplo, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez hizo un llamado a la policía municipal para que no detengan a consumidores de cannabis. Se trata de un primer paso que otros municipios podrían seguir para empujar un sistema federal de regulación. Mientras esto sucede, tendremos un sistema en el que policías y ministerios pueden detener a usuarios de cannabis en lugar de investigar feminicidios y desapariciones.