Guerra por los sueldos

No lo sé de cierto. Creo que sólo los constitucionalistas más avezados de México lo han de saber. Si es viable o no obligar a todos los funcionarios públicos de los tres Poderes de la Unión a que ganen menos que el presidente en turno.

Lo único cierto, creo yo, es que se avecina una confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial que no es deseable para nadie. Debería prevalecer el interés general sobre el particular. O realizar los cambios propuestos de manera gradual. Nada de tajo. Nada radical. Los cambios radicales y obligados nunca llevan a algo bueno.

Obligar a todos a ganar un sueldo menor que el presidente no acabará con el sistema de privilegios que ha habido en México desde tiempos inmemoriales

Hoy las cosas están poniéndose color de hormiga en el Poder Ejecutivo Federal por haberse metido con el salario de la gente. Plausible es acabar con el dispendio de recursos económicos oficiales y la ostentosidad con que se mostraban funcionarios públicos de alto nivel, incluso muchos de segundo rango y de medio pelo, quienes gracias al tráfico de influencias mal habidos con sus superiores jerárquicos también usaban para beneficio propio recursos del pueblo y gozaban de muchos privilegios.

Eso debe acabarse, nadie se niega a ello. Mal haría quien, desde el poder público, se opusiera a controlar esas situaciones dentro de la administración pública.

Sin embargo, quienes defienden a capa y espada que todos los funcionarios públicos del Estado Mexicano -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- ganen menos que el presidente debieron haber sido más cuidadosos para no caer fácilmente en injusticias.

Primero, debemos partir de un principio de derecho internacional que reza que ninguna ley debe ser aplicada en forma retroactiva en prejuicio de alguna persona. Empecemos por ahí.

Segundo, la inteligencia humana nos lleva a razonar fácilmente que en todas partes del mundo hay personas muy inteligentes, creativas y con capacidades intelectuales muy superiores a las de los demás, quienes se rigen por la oferta y la demanda. De manera tal que ganará más quienes son más productivos, eficientes, puntuales, disciplinados y leales.

¿Qué está pasando ahora con la pretensión del nuevo gobierno federal de prohibir ganar más salario que el presidente de México que es de más o menos 108 mil pesos mensuales?

Primero brincaron los del Poder Judicial pues está claro que, desde hace mucho tiempo y en todos los países desarrollados del mundo, ellos ganan buenos sueldos en razón a que están considerados poseedores de mucha capacidad intelectual y jurídica para poder resolver asuntos relevantes a nivel nacional e incluso internacional.

Lo primero que hicieron, con la ley en la mano, es anteponer juicios de amparo para defender los salarios que estén ganando a la fecha.

Es comprensible que hagan esas defensas jurídicas. Están defendiendo sus intereses. En su mayoría, son personas que han estudiado mucho en ámbito del Derecho.

Pero no sólo ellos están dispuestos a defender sus sueldos. En otros organismos autónomos están haciendo lo mismo.

Había hasta este fin de semana 862 demandas de amparo, correpondientes a 4 mil 74 personas de las cuales 610 son de la PGR -que todavía depende del Ejecutivo Federal el promotor de esa medida restrictiva de salarios, Cofece, Pemex, IPN, CFE, Cisen y SAT.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que la minoría del Senado de la República interpuso contra el estatuto y concedió la suspensión que impide que la ley se aplique en dichos términos desde inicios del ejercicio fiscal 2019.

Por esa simple razón, la ley permanecerá congelada hasta en tanto la Corte se pronuncie si es constitucional o no el estatuto que establece que ningún servidor público federal puede ganar más que el presidente de la República quien se -autofijó- un tope salarial de 108 mil pesos mensuales.

La decisión no es definitiva: el argumento jurídico es preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable. Por eso procedió conceder la suspensión solicitada, por la minoría de oposición en el Senado, para efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019 no sean fijados en términos de la ley reclamada hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia.

Hay que recordar que un ministro de la Corte gana 269 mil pesos mensuales.

Expertos constitucionalistas han opinado que dicha medida, convertida en ley por el actual gobierno federal y suspendida por la Corte, no viola la autonomía de poderes porque no atenta contra su esfera competencial.

El periódico Milenio publicó este lunes la opinión de Fernando Zárate, experto constitucionalista del ITAM. Él dijo que desde un punto de vista estrictamente jurídico, una norma es general, abstracta, impersonal y obligatoria, y rige para todos los ciudadanos de la República porque establece un principio de igualdad y equidad.

“No viola ningún principio de autonomía ni de independencia porque vale para todos los servidores públicos y dentro de esa categoría está el Poder Judicial, a menos que ellos piensen que no son servidores públicos, apuntó.

Lo que no se acaba de entender, añadió, es que el modelo de gobierno de este país es presidencialista, donde todos los procedimientos, procesos y modelo político tienen como titular, como objeto y como fin que el presidente tome las decisiones de este país.

Y a todo eso, uno se pregunta, ¿y dónde radica entonces la autonomía de poderes?

Bajo esas premisas, donde los opositores al régimen reclaman violación a la autonomía de poderes y sus aliados afirman que no hay tal, entonces caeríamos en la creencia de que todo depende del cristal conque se mira y que cada presidente hará lo que le venga en gana argumentando que vivimos en un régimen “presidencialista”. !Upss! ¡Qué difícil está la cosa!

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