Chacón, Venerando y Pancho
Los nombres de los expresidentes municipales de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, su sustituto Venerando Díaz y el exalcalde de San Cristóbal de las Casas, Francisco Martínez Pedrero, han sido los más relacionados con actos de corrupción, cometidos presuntamente durante el tiempo que desempeñaron sus cargos. Las menciones han sido en forma reiterativa en recientes fechas, después de haber dejado sus cargos, y en todos los medios posibles.
Desafortunadamente, sus nombres solamente están “vinculados”, “relacionados” o “referenciados” a temas de desvíos de recursos, a un mal desempeño en sus funciones gubernamentales, a que dejaron quebradas, financieramente, a las administraciones que dirigieron, que no hicieron obras o, si las hicieron, quedaron inconclusas o ya despedazadas apenas meses después de haber sido construidas.
El de Tapachula, Samuel Chacón, ahora diputado federal, se ha querido defender pero lo hizo tarde y mal. En política, esas defensas hay que hacerlas bien sustentadas y por anticipado o, a tiempo, por lo menos.
Pero a él se le vino una avalancha de acusaciones sociales, periodísticas o de sus adversarios políticos, desde que era candidato a diputado federal, durante los meses después de haber dejado el cargo y bastante después de haber jurado como legislador federal. Lo hizo cuando el alud de nieve ya lo tenía sepultado.
No sabemos si las acusaciones de haber robado, desviado o malgastado dinero es un asunto solo mediático o que estén exagerando los actuales alcaldes Neptalí del Toro Guzmán en Tapachula o Marco Cancino de San Cristóbal de las Casas o porque son sus adversarios o estén tratando de curarse en salud. Eso podría ser pero no lo podemos afirmar porque a nadie se le puede creer.
Es decir, no podemos afirmar si los malos gobiernos existieron en la realidad o son acusaciones falsas o infladas, porque no hay información transparente y porque los titulares de los órganos de control del gasto presupuestal tampoco han dicho “esta boca es mía”, lo cual los convierte en cómplices de supuestos malos comportamientos gubernamentales de los exediles mencionados.
Pareciera que están pintadas las dependencias gubernamentales que deben auditar, supervisar o, en su caso, castigar a autoridades gubernamentales municipales que hayan mal gastado, desviado o robado el dinero del pueblo.
Pareciera que son un cero a la izquierda la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior del mismo Poder Legislativo y la Secretaría de la Función Pública del gobierno estatal. Porque acusaciones van y acusaciones vienen contra esas tres exautoridades municipales, y nadie, de esos entes de control del gasto oficial, aclara si las denuncias contra ellos son ciertas o falsas. En forma compasiva o encubridora dejan hacer y dejan pasar.
Lo que no se dan cuenta es que en ese proceso de opacidad todos salen manchados.
La opinión pública ha calificado a los exalcaldes de rateros, aunque en la realidad no lo sean y los titulares de esos organismos oficiales terminan siendo tomados como cómplices de esos supuestos malos expresidentes municipales.
No se acuerdan o no quieren aceptar o les vale un comino que una sentencia dictada por la percepción social es más efectiva o es peor que una sentencia en los tribunales judiciales.
Una sentencia judicial podría ser revertida porque hay instancias superiores para corregir errores que pudieron haber ocurrido en el camino procesal de un caso jurídico, pero en lo político una sentencia de la sociedad termina siendo inapelable. La percepción social termina sembrada por siempre en la conciencia social.
Si Samuel Chacón, Venerando Díaz y Francisco Martínez Pedrero han sido vistos por la sociedad como corruptos, esa percepción va a terminar siendo imborrable. Todo porque no hicieron lo correcto, ni siquiera para defenderse o no supieron difundir clara y oportunamente lo que hicieron como alcaldes. Y los titulares de las instancias oficiales de control del gasto tampoco han tratado de aclarar las situaciones en torno a los hechos denunciados.
Podrán haber muchos más alcaldes de un comportamiento igual a los ya mencionados. Pero los más vistos en medios impresos, oídos en medios electrónicos, en pláticas entre particulares y en redes sociales, son los ya multicitados.
Eso debería servir de aviso para que los actuales presidentes municipales pongan sus barbas a remojar.
Muchos van a decir que a pesar de las acusaciones publicadas, Samuel Chacón es diputado federal. Sí, es cierto. Pero eso no le va a quitar de encima el estigma que tiene ya en la frente de haber sido un mal presidente municipal, porque esa es la percepción social que hay contra él.
La falta de transparencia entre los gobiernos federales, estatales y municipales ha sido una costumbre en México. Lo peor: eso ocurría cuando había un gobierno autoritario, unipartidista, sin una oposición que generara contrapesos y sin órganos de control del gasto.
Pero, ¡ohh, sorpresa!, ¡ohh, frustración! sigue siendo lo mismo, hoy en nuestros días, con oposición, con pluralidad de partidos y con órganos de controles, supuestamente autónomos. Éstos y la carabina de Ambrosio, han sido exactamente lo mismo.
Antes, los culpables eran los priistas porque eran los mismos que gobernaban en todos lados, en los tres niveles de gobierno y obedecían a la única autoridad que valía en aquellas épocas: el presidente de la República.
Hoy, ha habido también presidentes de la República panistas, gobernadores igualmente panistas, perredistas, solos o coaligados entre ellos mismos o compartiendo con partidos más pequeños y de otras siglas y no pasa nada.
Es decir, a pesar de todo ello, la corrupción no sólo es la misma sino que ha aumentado exponencialmente y la transparencia sigue estando ausente.
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