Falta de lana, el mal mayor

Casi todos los problemas de Chiapas están ligados a la escasez de dinero. No hay dinero suficiente para que la administración pública estatal funcione al ciento por ciento y ese dinero falta por diversas causas.

No sólo se necesita dinero para la operación ordinaria del engranaje oficial sino que hay grandes huecos financieros ocasionados por las enormes deudas dejadas por la administración pasada de Juan Sabines Guerrero, por la crisis económica mundial que ha pegado duró a nivel nacional y del nivel nacional viene a rebotar a las entidades federativas, y Chiapas es una de las más pobres, por tanto, aquí la crisis pega más duro que otros lados.

También más de 580 millones de pesos dejaron de caer en las arcas oficiales anualmente porque 650 mil automovilistas dejaron de pagar tenencia vehicular por segundo año consecutivo y esa decisión ocurrió en tiempos de crisis financiera.

La cosa viene a agravarse mucho más con el recorte presupuestal de 5 mil 200 millones que la federación hizo a Chiapas para 2017.

El gobernador Manuel Velasco no ha tenido otra que apretar el cinturón con diez acciones de austeridad que dio a conocer en su cuarto informe de gobierno: reducción adicional del 20% del sueldo de funcionarios, una reducción del 20% a gastos de operación del gobierno, una disminución del 50% del gasto en comunicación, la cancelación de pagos de telefonía celular, deshacerse de vehículos no elementales en las dependencias estatales, la cancelación de vales de gasolina y viáticos, la reducción en gastos en rentas de inmuebles y el ofrecimiento de presentar ante el Congreso del Estado de una iniciativa para reducir recursos a partidos políticos, entre otras.

Por eso, el gobierno estatal no puede pagar bonos extra salariales a trabajadores de salud quienes están en paro de actividades desde algún tiempo en Comitán de Domínguez y en la jurisdicción sanitaria número uno en Tuxtla Gutiérrez, y tampoco puede pagar todos los adeudos que hay con el magisterio chiapaneco por diversos conceptos.

Sobre este último tema,  el subsecretario de Educación Federalizada de Chiapas Eduardo Campos informó que el gobierno estatal ha ido sufragando poco a poco adeudos a profesores chiapanecos cuyos pagos se fueron rezagando debido a que la federación no reconoció algunos conceptos cuando concentró, por indicaciones de la nueva ley, las nóminas educativas a oficinas centrales de la Ciudad de México.

El funcionario explicó que la federación desconoció algunos conceptos de pagos a maestros chiapanecos, excluyó algunas plazas e incluso congeló algunas otras cuyos pagos y demás responsabilidades tuvieron que ser absorbidos por el Gobierno del estado para conservarlas debido a que son necesarias para el funcionamiento del sistema educativo estatal.

Señaló que los pagos se han ido desfasando además porque hay muchos interinatos de maestros de nuevo ingreso que han tenido que estarse cubriendo ante el natural crecimiento de la población escolar de cada año o de aquellos profesores que han aumentado sus horas de trabajo pero cuyos recursos no están presupuestados.

En la charla sostenida el reciente lunes en un restaurante del poniente de Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Campos, reveló que el Gobierno del estado destinó, al cierre del 2016, alrededor de 30 millones de pesos como un abono a esos adeudos y que en próximas semanas podría estar haciendo otro abono de 20 millones de pesos más a efecto de ir saldando esos compromisos, y que así lo seguirán haciendo durante el año, de manera escalonada, hasta cumplir totalmente esos compromisos.

Añadió que todo eso se ha estado haciendo por instrucciones del gobernador Velasco, con el apoyo de la Secretaría de Educación estatal y de la Secretaría de Hacienda local.

Apeló a la comprensión de los profesores que están en esas circunstancias porque esos pagos están haciéndose a destiempo y confió que durante el presente año puedan actualizarse por completo.

Informó que por los mismos efectos de la concentración federal de las nóminas educativas estatales, 306 trabajadores administrativos de la Subsecretaría de Educación Federalizada a su cargo no han podido cobrar tres quincenas del presente año por concepto de compensaciones que no fueron reconocidas por el gobierno federal, pero que también el gobierno estatal está buscando un mecanismo para pagarles ese adeudo en próximas fechas y asegurarles en el futuro estabilidad salarial.

Se entiende que están haciendo esfuerzos institucionales por cubrir adeudos con algunos sectores, como el de una parte del magisterio, una parte del personal de los servicios descentralizados educativos y una parte de empleados del sector salud, entre otros.

Rápida acción antimara

Estaba resurgiendo en recientes meses en Tapachula el azote de principios de los 90 en municipios fronterizos de Chiapas: los “mara salvatrucha”. Constantes denuncias ciudadanas de la región obligaron a la Procuraduría de Chiapas y a otras dependencias de seguridad a instrumentar un operativo interinstitucional antipandillas. 

El procurador Raciel López Salazar dijo que en Chiapas no se permitirá que ningún grupo de delincuentes afecte el desarrollo de Tapachula y que por eso ya empezaron de inmediato las acciones de seguridad en esa parte de la entidad. 

Es una organización de pandillas criminales asociadas entre sí, que llegaron a México en los 90 provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sus miembros se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y, a menudo, la cara. Usan su propio lenguaje de señas. Están identificados por el uso de la violencia y un código moral propio que consiste, en su mayor parte, en severos actos de venganza y retribuciones crueles. Sus actividades criminales del pasado incluían venta de drogas, extorsión, venta de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otras.

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