Los nuevos rumbos
Los votos de 30 millones 113 mil 483 mexicanos (53.19 por ciento), de los 89 millones 332 mil 31 registrados por el Instituto Nacional Electoral, fueron suficientes para que Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), obtuviera mayoría en la elección del 1 de julio de 2018, y alcanzara la Presidencia de la República, luego de dos intentos fallidos, y en el tercero, la consumación de un sistema político mexicano tripartidista, en los últimos 18 años.
Recuento que nos lleva a la referencia acumulativa de de 12 millones 610 mil 120 sufragios (22.27 por ciento), del aspirante panista Ricardo Anaya, mientras el abanderado del PRI, José Antonio Meade, lograría nueve millones 289 mil 853 (16.40 por ciento), seguidos del independiente Jaime Rodríguez, con dos millones 961 mil 732 votos (5.23 por ciento).
Definición en las urnas del nuevo rumbo del país, que se ha empezado a registrar a partir del 1 de diciembre, en medio de la toma de una serie de acciones gubernamentales que no han resultado como se adelantaban, en cuanto a ahorros significativos, como lo han sido la cancelación de la construcción de la segunda terminal aérea de la ciudad de México, con un costo elevado por las sanciones, o la venta del avión presidencial, que resulta improcedente por no ser propiedad del Estado, sino estar en calidad de arrendamiento.
En Chiapas, el contraste, con el ex abanderado de Morena, Rutilio Escandón Cadenas, con una Administración que da comienzo el 8 de diciembre, el inicio de la gestión sexenal, con un manejo de bajo perfil que ha caracterizado al ahora mandatario, desde sus días de diputado federal, senador de la República y representante del Poder Judicial estatal.
López Obrador y Escandón Cadenas, tiene frente a sí y hasta 2014, la oportunidad de demostrar que tanto la población nacional como estatal, no se equivocaron al elegirlos como sus gobernantes.
Retos, como en su momento, en el año 2000, tuvieran Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, que durante 12 años consecutivos permanecieran en el mando principal del país.
Después de 70 años de dominio total del Partido Revolucionario Institucional, el PAN desperdiciaría la oportunidad de hacer un gobierno diferente durante un docenato que resultaría con un saldo rojo de casi 100 mil muertos, como resultado de una guerra fallida contra los cárteles de las drogas, en las que por primera vez en la historia democrática de la nación, el Ejército y la Armada, serían sacados de sus cuarteles, con saldo negativo para la imagen del país en el mundo.
Fracaso del blanquiazul, que haría posible el retorno del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos, en 2012, llevando como candidato a la Presidencia de la República al mexiquense Enrique Peña Nieto, que no alcanzaría los resultados esperados por la sociedad nacional durante su sexenio, que motivaría al electorado en 2018, a la búsqueda de una tercera opción partidista.
Ocurriría en el último sexenio, la consumación de Reformas Estructurales, principalmente la Energética, con la que legalmente se permite la mayor injerencia del capital extranjero en la exploración de nuevos yacimientos y explotación, comercialización de gasolinas, diesel, gas, producción de electricidad y distribución, además del manejo de sus precios, asfixiando más la ya de por si extremadamente deteriorada economía de los más de 120 millones de mexicanos.
Incumplimiento de la promesa gubernamental, de que al aprobarse la Reforma Energética, disminuirían los precios de los combustibles, que en cambio seguirían incrementándose, en tanto, como aspirante Presidencial, Andrés Manuel López Obrador se comprometería, en caso de ganar los comicios, decretar a partir del 1 de diciembre, como Jefe del Poder Ejecutivo Federal, disminuirlos drásticamente, sin que a la fecha haya ocurrido, y si en cambio vuelve a darse el fenómeno del incremento gradual.
Malestar social, por el mayor quebranto, con aprobación en los últimos 18 años, de los Poderes Legislativo federal y estatales, de las leyes laborales, que hoy mantienen en la indefensión a una clase trabajadora del país, a la que se han cancelado en mucho sus derechos emanados de la Revolución Mexicana de 1910, que costaran la vida a más de un millón de mexicanos.
Cambios en la Carta Magna, que hacen viable en la firma de acuerdos con inversionistas nacionales y extranjeros, la aplicación de elevadas sanciones económicas a cualquier intento de cancelar contratos ya pactados, que adicionalmente activan mecanismos de orden especulativo en la Bolsa de Valores, mediante fuga de capitales y devaluación del peso, que en los primeros días del nuevo gobierno federal se ha constatado.
Reformas Estructurales pautadas desde 1992, en el artículo 27 constitucional, que permiten a ejidatarios la venta de sus parcelas a particulares, que da margen a la formación de latifundios, para el aprovechamiento de la tierra y el subsuelo, que incluye el privilegiado negocio de la minería que obtiene utilidades anuales de muchos miles de millones de dólares, con la única obligación de pagar al fisco el 1.5 por ciento de sus ganancias.
Graves daños al contaminar ríos, suelos y aire, de este poderoso sector empresarial, que involucra a ex gobernantes y políticos, a los que no interesan los quebrantos permanentes a la salud de la población que habita en el entorno de las minas en explotación, por el uso de substancias químicas peligrosas prohibidas por la Organización Mundial de la Salud.
Un cambio de guardia en el Poder Legislativo Federal, que en estos primeros cuatro meses del año, no ha demostrado la intención de ir a fondo en la solución de las demandas torales de la sociedad nacional, que exige un alto a las exageradas tarifas en el consumo de la electricidad impuestas por la transnacional española Iberdrola, que controla la mitad de la mitad de la producción del fluido eléctrico, convirtiendo a la Comisión Federal en simple gerencia de distribución-cobranza, y al pueblo en pagador de sus caprichos de obtención de ganancias desmedidas.
Los diputados y senadores son los únicos, por ley, en tomar este tipo de decisiones, que por lo pronto no les ha interesado y si en cambio, la creación de acciones mediáticas populistas, como la cancelación de las pensiones vitalicias de los ex Presidentes de la República, la reducción de los salarios –más de 500 mil mensuales incluidos compensaciones-, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con la intención de ponerlos por debajo de los 108 mil que se ha auto impuesto el Primer Mandatario López Obrador, lo cual se mantiene entrampado por la interposición de amparos.
En sus primeras iniciativas, la mayoría legislativa de Morena, no ha dado prioridad a las exigencias de la mayoría de los mexicanos, de frenar su empobrecimiento por los caros precios del fluido eléctrico y combustibles, que afecta su economía, en tanto surgen campañas de linchamiento que utilizan redes para generar nuevos odios.
Lo ideal, es que el dominio que ejercen en ambas instancias legislativas empiece a dar resultados positivos, no en función de sus intereses marcadamente partidistas y de acatamiento a la consigna del Ejecutivo Federal, como también en su momento lo hicieron los priístas y panistas.
Retorno al desempleo de más trabajadores del Estado, como solución para “lograr el adelgazamiento” de la burocracia, repitiendo la receta de sus antecesores de cancelar del sustento a miles, para reponerlos con correligionarios, sin que importe la experiencia de unos y otros para el desempeño.
Algo que en Chiapas ocurriría en el período sexenal que culminó el 8 de agosto, sin que hubiese de por medio la evaluación obligada de necesidades por cumplir, sino simplemente la justificación de “ahorros” finalmente intrascendentes dado lo voluminoso de la pesada carga de la deuda bancaria de más de 20 mil millones de pesos, heredada por Juan Sabines Guerrero y el incumplimiento de pago similar a proveedores de servicios.
Transitar por los escabrosos caminos de la impunidad y la injusticia, que el ex jefe del Poder Judicial de Chiapas conoce bien y que este sábado 29 de diciembre le hizo encabezar en el Tribunal Superior de Justicia, un acto en el que subrayaría que en la entidad que ha empezado a gobernar, no hay ni habrá privilegios para nadie.
Eficiente y respetuosa coordinación con Juan Oscar Trinidad Palacios, titular de la institución Judicial, que hizo posible la revisión y análisis de procesos penales en la Mesa de Reconciliación, que permitió al mandatario entregar personalmente 142 constancias de libertad a hombres y mujeres recluidos en los centros penitenciarios de la entidad, entre los que se incluyen algunos de origen guatemalteco, hondureño, nicaragüense y salvadoreño.
Día de fiesta para los beneficiados y sus familias, a quienes Escandón Cadenas, acompañado también por su esposa Rosalinda López Hernández, solicitaría incorporarse a la vida productiva, caminar con la cara en alto y aprovechar esta nueva oportunidad para disfrutar a sus familias.
Trinidad Palacios, como responsable del Poder Judicial de Chiapas, comentaría que el Trabajo de la Mesa de Reconciliación, se lleva a cabo en apego estricto a Derecho, dando también prioridad al interés y preocupación de la Administración estatal, para dignificar al ser humano, en cumplimiento a las políticas penitenciarias, y en absoluto respeto a la Carta Magna del país, a los protocolos internacionales de protección a los derechos humanos, equidad de género y a la no discriminación.
Mucho que hacer en la deudas pendientes de los Gobiernos de la República y estatales con los chiapanecos, para corregir las graves desigualdades traducidas por la insuficiencia de fuentes de trabajo y de alimentos, en vergonzosa
hambruna en el medio indígena y rural en general.
Reto para Rutilio Escandón Cadenas, el pugnar ante el Presidente López Obrador, para lograr la tan ansiada exigencia de obtener reciprocidad de la Federación, por la abundante riqueza natural que la entidad aporta al país, con sus cuatro hidroeléctricas, pozos petroleros y gas.
Oportunidad del nuevo gobernador, para la obtención de mayores recursos que se apliquen a la incentivación de la actividad agrícola, y permitan hacer nuevamente de Chiapas, uno de los graneros del país, con mayores porcentajes en la producción de maíz y otros productos alimenticios del campo, que atiendan en principio la demanda interna.
La justa petición de un mejor trato a la Frontera Sur, que permita hacer realizada la tan anunciada Zona Económica Especial, en beneficio de la Región Soconusco, al atraer el interés de la inversión nacional y extranjera para crear nuevas fuentes de empleo, con la ventaja de su ubicación estratégica en la vecindad con América Central.
Muchas posibilidades por realizar en los ámbitos estatal y federal, que de concretarse, harán viable la añeja transformación prometida, para hacer justicia a Chiapas y a la Nación.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.