Militarización en México; el doble discurso
La Guardia Nacional se estrena esta Semana Santa de vacaciones en todo el país, sin uniformes, armamentos y vehículos propios, sino del Ejército y de la Armada. Dada la premura en cuanto a su conformación inicial se hace con 40 mil elementos de las Fuerzas Armadas y no con civiles. En total sumarán 80 mil al final de 2019, al incorporarse formalmente las Policías Federal y Gendarmería y nuevos elementos civiles.
Un número sin duda insuficiente, para atender las demandas de seguridad a nivel nacional, pero no hay tal, porque detrás estará el apoyo absoluto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, “con carácter extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario”, así como de las Policías Federal, Gendarmería, Estatales y Municipales.
Este domingo 14 de abril, han empezado a ser vistos por las calles de algunas ciudades de la república, no como Guardia Nacional, sino como “Policía Militar” (soldados y marinos vestidos en ropa de combate), que se mantienen a la vanguardia con unidades verde olivo, como parte de operativos interinstitucionales, que ya operaban desde el sexenio anterior (Base de Operaciones Mixtas BOM).
Va con un mando militar, por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante que el acuerdo de diputados y senadores del Poder Legislativo federal, establecía claramente que sería ajeno a la milicia, ya que la nueva institución de seguridad ha quedado definida como una “Policía Civil”, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Alfonso Durazo Montaño.
Abajo pues, el pacto de “los representantes populares”, logrado con la reforma aprobada, de que el control de la GN no quedaría en manos de un militar, ni siquiera mixto.
Con el nombramiento como comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, aún general en activo, quien estará apoyado en la Coordinación Operativa Interinstitucional por el también general Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, en la misma condición; el contraalmirante Gabriel García Chávez, jubilado y la civil, comisaria de la Policía Federal, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel,
Justificación en la designación del jefe de la GN, que es un alto mando del Ejército “en retiro”, lo cual carece de sentido en cuanto a que “al pasar a la vida civil”, cancele en automático su formación y mentalidad castrense, con lo cual la militarización en México se consolida, ahora con el argumento de combatir a la delincuencia organizada, con el disfraz de una Corporación supuestamente civil.
Domingo de Ramos en la conflictiva región de Córdova, Veracruz, por sus elevados índices de inseguridad, donde el obispo Eduardo Patiño Leal, haría un llamado al Gobierno Federal, para no tener un doble discurso sobre lo que es en verdad la Guardia Nacional, ya que considera que la nueva institución debe tener un enfoque civil y no militar.
Mostraría su extrañamiento por la falta de presencia civil, “si bien se trata de ingresar todas las fuerzas tanto del Ejército de la Marina, se esperaría que hubiera más presencia civil. Resulta un tanto extraño y no se acaba de entender, sí el que va a coordinar todo es un general que se dice que está en proceso de retiro, simplemente que ya lo haga y vuelva a la vida civil. Que no nos den doble discurso”.
Bien informado al detalle, como todos los altos jerarcas de la Iglesia Católica, el titular de Diócesis recordaría que “recientemente las fuerzas políticas, cuando se propusieron los cambios, aceptaron la Guardia Nacional con algún civil que la encabezara, por lo que se espera que pronto se reencauce o se consolide, dejando a un lado lo militar para enfocarse en lo civil, además que haya más claridad en los procesos.
Lamentaría el prelado que las poblaciones de Orizaba, Hustusco, Zongólica y Córdoba, no estén incluidas en las 46 zonas prioritarias para instalar los nuevos destacamentos de Guardia Nacional, “porque desgraciadamente las estadísticas nos han ido poniendo en un foco de inseguridad y esperaríamos que también se tomará en cuenta para dar tranquilidad a los habitantes”.
Una situación que se repite en zonas importantes como la del corredor industrial de Veracruz, por la urgencia de poner en activo a la GN, mediante la “cesión temporal” de los 40 mil policías militares, a los que se respetarán sus rangos y prestaciones.
Habrán de pasar cinco años como máximo, según acuerdo del Poder Legislativo, para que marinos y soldados realicen tareas de seguridad pública, en tanto se integra la Guardia Nacional. Habrá que recordar que fue en el primer año del gobierno de Vicente Fox Quesada, cuando se crea la Policía Federal, mayoritariamente con militares, que se agregarían a la Policía Federal de Caminos, para tal propósito.
La batuta para el reclutamiento de 21 mil aspirantes a esta Corporación, se ha dejado en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha empezado a operar los centros correspondientes en 12 estados del país, con un presupuesto de dos mil millones de pesos, bajo las normas de la Ley de la Policía Federal, al no contar la nueva institución con su marco legal propio.
En el final de la segunda década del siglo XXI, pese a los resultados poco positivos en las últimas cuatro décadas, de la participación de altos jefes militares con licencia y en retiro en las responsabilidades de la seguridad pública en la mayoría de las entidades y municipios de la república mexicana, el Primer Mandatario insiste en apoyarse en las Fuerzas Armadas, para dar solución a los problemas de la violencia, inseguridad, desapariciones y combate al crimen organizado.
Si bien es cierto que durante su paso por las comandancias de las policías estatales y municipales, han implantado una rigurosa disciplina militar y capacitación en el manejo de armas, se olvidarían en cambio de la necesidad imperiosa de instruir a los elementos en el conocimiento de las leyes para el ejercicio de su trabajo, sobre todo del respeto a los derechos humanos.
Incluso, Andrés Manuel López Obrador se mostraría durante sus campañas por la Presidencia de 2012 y 2018, contrario a la presencia militar en cuestiones de seguridad pública del país. Como promesa proselitista, abanderaría la causa del retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, manteniéndolos al margen de tareas ajenas impuestas por el entonces Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en 2006.
El 21 de marzo de 2011, al presentar en el Auditorio Nacional de la capital del país, su “Proyecto Alternativo de Nación”, destacaría entre los primeros 50 puntos básicos, que “gradualmente se retirará al Ejército y la Marina del combate al narcotráfico”.
El 6 de febrero de 2012, el ahora Jefe de la Nación, comprometería su palabra: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles. El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército.
“Tenemos que ir regresando al Ejército en la medida que se va profesionalizando la policía. Ese es mi plan, creo que nos va a llevar seis meses ir regresando al Ejército, para que sea la nueva Policía Federal la que se haga cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública”.
Recuento de las ideas sobre el mismo tema, nos lleva al 8 de diciembre de 2016, cuando afirmaría que “No se resuelve nada con el uso del Ejército, de la Marina, de las policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Repito: la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.
A la distancia breve, no solamente mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles, sino que ahora como Guardia Nacional, envía complementariamente más militares a las calles en todo el territorio nacional.
Ahora, la Policía Federal ya no es la parte medular para cumplir con los objetivos de alcanzar la paz y la armonía en el país, pues la nueva normatividad contempla su desaparición a mediados de 2020. Según el nuevo marco legal por aprobarse, la nueva Guardia Nacional podrá intervenir comunicaciones privadas, pero algo que seguramente no acaba de convencer a los gobiernos estatales, aunque sus Congresos hayan aprobado su creación, es que deberán financiar su operación en las entidades.
Durante las negociaciones entre los legisladores de todos los partidos políticos, se daría la negativa de los representantes del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), para que los militares incorporados a la Guardia Nacional, fueran juzgados por las autoridades militares, al cometer ilícitos, y si en cambio se entregaran a la justicia de su jurisdicción original, lo cual no fue aceptado al establecerse que no habría ningún tipo de fuero para sus integrantes.
Una decisión que ha sido aplaudida por la ciudadanía, porque hasta ahora un sinnúmero de elementos de los niveles tropa y oficiales de alto rango, han incurrido en delitos que no obstante su gravedad, han quedado fuera del alcance de la justicia civil, convirtiéndose en verdaderos casos de impunidad.
En un país como el nuestro, donde impera a todas horas del día y de la noche una violencia que no cede y que constituye la cortina de humo para el crimen organizado por la inseguridad que provoca, la formación de una Corporación como la Guardia Nacional, es por demás necesaria y urgente.
Lo que se cuestiona no es el fondo, sino la forma en que el Presidente de la República, pasando por encima de la decisión de los acuerdos del Poder Legislativo, impone criterios que antes no comulgaba, haciendo en ridículo a un Poder Legislativo que ordena como representante del pueblo, por un Poder Ejecutivo que desacata en forma autoritaria.
Los chiapanecos de la Frontera Sur, confían en que pronto sean tomados en cuenta para que este instrumento gubernamental, se aplique en la colindancia con Centroamérica,
para restablecer el Estado de Derecho quebrantado impunemente desde hace seis meses, por la migración extranjera, cuya presencia convulsionará pronto esta importante y clave Región de México.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.