Transporte
Mario Carlos Culebro Velasco, titular de la Secretaría de Transporte del Estado, tiene la obligación de intervenir ante las determinaciones que han tomado dirigentes del sector para incrementar los pasajes de combis urbanas en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, pero no se duda que se expandirá hacia todo el estado, lo que vendrá a causar un grave daño a la economía de los sectores sociales, sobre todo aquellos que tienen que utilizar ese servicio para ir a su trabajo o a la escuela.
Los concesionarios aseguran que han tomado acuerdos con funcionarios de la dependencia estatal, pero ésta se mantiene en una actitud de cerrazón para confirmar o desmentir las versiones. En la capital chiapaneca empezaron a cobrar siete pesos desde el miércoles y en Tapachula lo harán a partir de hoy viernes, pero no hay autorización oficial para subir la tarifa, al menos hasta donde sabemos.
El argumento utilizado por los transportistas es que han sufrido de constantes aumentos de precios de las refacciones, insumos y combustibles, además que las tarifas se mantienen desde hace ya varios años, tanto es que en el 2017 en una determinación que ya había tomado la Secretaría de Transporte se dio marcha atrás. Ahora, todo parece indicar que la decisión de los que manejan ese sector está dada y no habrá marcha atrás, en detrimento de la economía social.
Pero no se trata solamente de aumentos en las tarifas del transporte urbano, los taxis cobran lo que quieren por “dejada”, mientras que en las rutas foráneas que controla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya se dieron en forma arbitraria y unilateral de los concesionados, sin que la dependencia intervenga y ponga orden, por el contrario, les permite todo. ¿Por qué será? En Unión Juárez y Cacahoatán, hubo algunas protestas ciudadanas por esa decisión y a pesar de ello, no se dio marcha atrás como se pretendía.
El aumento de un peso al transporte público urbano representa el 30 por ciento, tomando en consideración que la tarifa oficial hasta el momento es de seis pesos y pasará a siete, lo que no va acorde con la realidad económica que estamos viviendo, cuando los salarios no crecen a ese ritmo, aunque argumenten que no ha habido “ajustes” en cinco años consecutivos. Es un golpe a los bolsillos de los ciudadanos.
Por ello, el titular de la Secretaría de Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco, tiene la obligación de salir a explicar las condiciones y los acuerdos a los que han llegado con el sector e incluso, tomar decisiones que podría ser la cancelación de las concesiones a quienes aumenten los precios en forma arbitraria y sin la autorización oficial, porque no creemos que quieran liberar al transporte público que sería otra de las salidas aunque con mayores problemas, tomando en consideración que en la actualidad hay miles de unidades que operan en forma irregular o “pirata” que tampoco ha querido controlar la dependencia.
En la mesa del funcionario está el tema de autorizar el incremento que ya iniciaron a cobrar los transportistas o proceder conforme a derecho en contra de quienes están cometiendo esas irregularidades que afectan los bolsillos de los ciudadanos. Por el momento, hoy se vence el plazo y los chiapanecos que utilizan ese servicio no quieren nuevos aumentos.
A escena
Funcionarios federales y estatales encabezaron una reunión en materia de seguridad en el marco del programa de desarrollo de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, en la que establecieron la necesidad de garantizar un clima de confianza y certeza para los empresarios nacionales y extranjeros que quieran venir a invertir a esta región fronteriza con Guatemala. Se dijo que existe un convenio de coordinación entre el gobierno federal, estado y los municipios del área de influencia de la ZEE, en el que contemplan diversas actividades en materia de vigilancia y seguridad como ejes fundamentales para la planeación, ejecución y desarrollo de planes de inversión. En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Economía, de Gobierno, de Seguridad y Participación Ciudadana, de la Fiscalía General del Estado, el Ayuntamiento de Tapachula, la Secretaría de Gobernación y de la representación gubernamental de la ZEE de Puerto Chiapas… En Tapachula, funcionarios municipales y regidores fueron exhibidos al regresar botes de la colecta para el Cuerpo de Bomberos de Tapachula vacíos o llenos de broches baco, clips y hasta papas fritas y de esa manera vieran que “pesaban”. La sorpresa se dio porque estos tenían el nombre de las dependencias y número de regiduría, llamando la atención el caso del titular de Obras Públicas, Jorge Peña Andrade, quien se anda promocionando para que lo tomen en cuenta a un cargo de elección popular, lo que fue considerado como una falta de respeto y una burla hacia el organismo que atiende no solamente emergencias por incendios sino también de accidentes y de otro tipo. También algunos regidores se evidenciaron porque sus botes no tenían ni una moneda y el que más le metió fue por 700 pesos… Se afirma que las investigaciones en contra de exalcaldes y ediles en funciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado irán a fondo para combatir la corrupción, pero resulta que los 23 denunciados hasta ahora son considerados “charales” ante otros que se llevaron cientos de millones de pesos y prevalecen en la impunidad, como el caso de Samuel Alexis Chacón Morales y Venerando Díaz Martínez de Tapachula que no logran comprobar en donde están más de 350 millones de pesos, sólo del 2015, a pesar de una serie de prórrogas que les han dado para que hagan las aclaraciones. Lo mismo pasa con 20 alcaldes en funciones que no entregan las cuentas públicas del periodo que les tocó en el 2015, 2016 y menos la del 2017, considerándose que sólo los pusieron sobre aviso de que van por ellos… Hasta la próxima.