Cumplir la ley

Mucho se ha escrito y hablado sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Los alcaldes hacen como que “la virgen les habla” cuando desde el Congreso del Estado, los exhortan para que cumplan con la entrega de la cuenta pública 2017, al estar finalizando el periodo formal para hacerlo que es en este mes. Son más de la mitad que ni siquiera realizaron un claro proceso de entrega-recepción y su administración ya está por concluir.

Los Ayuntamientos tienen la obligación de cumplir con la disposición legal de proporcionar a la Legislatura local la cuenta pública;  hasta ahora solo 31 han realizado ese proceso y el resto tiene 10 días para hacerlo, después de ahí podrían enfrentar sanciones administrativas, pero que tampoco les hacen mucho caso porque ni la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado ni el Órgano de Fiscalización Superior aplican la ley. Todo queda en advertencias y amenazas, porque ningún alcalde actual y tampoco anterior está en la cárcel o siendo procesado por meterle mano al presupuesto.

Para este proceso electoral, por un acuerdo del consejo general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, los alcaldes que decidieron participar como candidatos en la reelección u otro cargo –diputado local o federal-, ya no tienen porqué presentar la liberación de la cuenta pública como requisito para ello, lo que originó que varios de ellos que no la tienen busquen mantener la impunidad e inmunidad, aunque afortunadamente ya en la Cámara de Diputados se legisló para quitarle el fuero a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción o ilegalidades.

La instrucción girada al OFSCE es que los alcaldes que quieren reelegirse o brincar a otro cargo de elección popular en los comicios del 1 de julio, sean los primeros auditados, pero eso no basta, sino que de encontrar irregularidades, desviación de recursos o actos de corrupción proceder conforme a derecho en contra de los responsables. Los ciudadanos ya no quieren que se les advierta o se les exhorte a cumplir, sino que se les castigue, aplicándoles la ley. De los 23 exalcaldes denunciados en febrero por haberle metido las manos a los presupuestos, hasta el momento ninguno ha sido detenido por la Fiscalía General del Estado.

Por ello, llama nuevamente la atención el hecho de que la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Patricia Conde Ruiz, exhorte a los presidentes municipales a cumplir con la entrega de sus cuentas públicas al vencérseles en unos días más el plazo que tienen para hacerlo, pero llegado esa fecha ya no se les debe enviar mensajes sino las sanciones a que se hagan acreedores y aplicarles la ley.

 A escena 

De acuerdo con la disposición de la Cámara de Diputados, que aprobó la eliminación del fuero constitucional, desde el presidente de la República hasta los regidores de los Ayuntamientos podrán ser sometidos a juicio penal; se trata de un paso importante para frenar la impunidad e inmunidad de servidores públicos que hacen y deshacen con el manejo de los recursos públicos; la reforma constitucional fue enviada al Senado de la República en donde debe ser ratificada y luego enviada a las legislaturas locales. Los legisladores establecieron que nadie debe tener el privilegio de no ser juzgado escudándose en el fuero constitucional, pero ello debe estar aparejado también con la rendición cuentas y la transparencia, porque de nada serviría si a pesar de que se descubran y comprueben actos de corrupción, las autoridades sigan protegiendo a los responsables y no se les aplique la ley, por el contrario buscan obtener nuevos cargos para seguir con el fuero que les permite impunidad… El senador chiapaneco, presidente de la Comisión Especial de Productividad del Senado, Luis Armando Melgar Bravo, sostuvo un encuentro con el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, dejando establecida la necesidad de blindar esos instrumentos creados para impulsar el desarrollo y la generación de empleos en las zonas más pobres del país, como Chiapas y Oaxaca. En el caso de la ZEE de Puerto Chiapas, se han definido las vocaciones productivas de la agroindustria, autopartes, pulpa y papel, sector electrónico y eléctrico. Ante la turbulencia política por el proceso electoral, el legislador ha sido claro en que se termine con el burocratismo que afectan a las inversiones y que se protejan las ZEE en lo económico y político, porque todas requieren recursos para proyectos de infraestructura. Hasta el momento, 85 empresas han manifestado interés en llevar proyectos a las Zonas Económicas, de los cuales 37 son en la de Puerto Chiapas relacionados con energía, agua y transporte… Hablando de política, se empiezan a definir los lugares en donde los candidatos al gobierno del estado empezarán sus campañas políticas el 29 de abril próximo. Por el momento, José Antonio Aguilar Bodegas, de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, anunció que lo hará en Tapachula. Rutilio Escandón Cadenas, de la coalición “Juntos haremos historia”, en San Cristóbal de las Casas, faltando por definir la de Roberto Albores Gleason de “Todos por Chiapas” y el independiente, Jesús Alejo Orantes Ruiz. Ya quedan pocos días para el arranque, pero en la mayoría de los municipios y partidos políticos todavía se están dando hasta con la cubeta por la integración de las planillas de los Ayuntamientos. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ya analiza cada uno de los expedientes de los registrados, aunque todavía pueden haber cambios, además de saberse de impugnaciones de militantes y ciudadanos de diversos institutos políticos que sienten afectados sus derechos que se fueron a los tribunales… Hasta la próxima.