Migrantes
El secuestro de 22 extranjeros migrantes la semana pasada por un grupo delictivo en San Cristóbal de las Casas que afortunadamente fueron liberados sanos y salvos en un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, es una evidencia que el tráfico de personas en la frontera sur prevalece y que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido rebasado por el fenómeno que ha traído consigo la presencia de pandillas de marasalvatruchas que en su país son perseguidos por las autoridades y que se refugian en el nuestro, bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Existe una red de traficantes de indocumentados que viene operando desde las naciones centroamericanas hasta el norte de México, pasando por la frontera común con Guatemala, Chiapas y Puebla, reconoce el fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, derivado de la detención de tres de los involucrados en el secuestro de los 22 extranjeros originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador, a quienes les exigían 15 mil dólares a cada uno para ser liberados. Ahora, lo que se tiene que hacer es llegar al fondo del asunto, porque podría haber otros hechos similares.
A esos 22 migrantes, entre ellos varios menores de edad, a pesar de que ingresaron al país sin ningún documento legal, buscando llegar a los Estados Unidos, ahora les brindan la oportunidad de obtener una Visa Humanitaria, basados en los delitos que se cometieron en su contra y serán ellos quienes decidan si retornan a su país o se quedan en Chiapas.
En la franja fronteriza sur y por intervención del Acnur y la Comar, se otorgan permisos de estancia legal a centroamericanos sin que se realice una investigación a fondo de los motivos que tuvieron para abandonar su país; en muchos casos se trata de familias completas que huyen de la violencia y de las amenazas de grupos delincuenciales, pero en otros se integrantes de pandillas que se dicen perseguidos por las autoridades y ello ocurre porque han cometido delitos graves en sus lugares de origen.
Hay evidencias que las autoridades migratorias han perdido el control de la frontera, es más, organismos no gubernamentales han denunciado la venta de Visas Humanitarias por parte de personal del INM a partir de hace unos cuantos meses y el delegado en Chiapas, Francisco Echevarría Rodríguez, ya tiene conocimiento pero no ha ordenado ninguna investigación.
En los operativos instrumentados en las últimas semanas ante las demandas de seguridad de las organizaciones empresariales y sociales, han sido detenidos decenas de integrantes de las bandas de mareros centroamericanos y varios de ellos con antecedentes penales en sus países de origen que van desde robos y asaltos con violencia, violaciones, homicidios, delincuencia organizada y terrorismo. De eso, no se percatan las autoridades cuando les permiten estar en territorio mexicano, porque tampoco tienen una actividad productiva y se dedican a delinquir.
Hay quejas en el sentido que las autoridades, desde hace varios años, han brindado protección a los migrantes centroamericanos que incluso se sienten con más derechos que los nacionales, porque éstos cuando no son atendidos inmediatamente acuden a las comisiones de derechos humanos para presentar sus quejas y denuncias, mientras que los mexicanos tienen que soportar los malos tratos, situación que genera malestar.
Con la detención de integrantes de las maras, entre los que también hay mexicanos, se sabe que a las pocas horas son liberados basados en el nuevo Sistema de Justicia Penal, aun cuando algunos ya en diversas ocasiones hayan sido aprehendidos. La Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra Migrantes, ha sido la facilitadora de ello, porque a los extranjeros en la frontera sur no se les puede tocar para nada, por el contrario, la instrucción es que les den todas las facilidades para su estancia.
Necesario es que el gobierno federal vuelva los ojos hacia esta región fronteriza con Guatemala y atienda la problemática de fondo, porque la alta presencia de pandillas trasnacionales hace que la ciudadanía viva con temor, como ocurrió en años pasados, cuando ya se habían asentado a lo largo de la costa de Chiapas y ahora lo están volviendo a hacer, situación que no puede permitirse.
La Fiscalía General del Estado, la Policía Federal, el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y autoridades municipales, han iniciado operativos conjuntos para el combate a las pandillas y ojalá que éstos sean permanentes, pero que cuando sean detenidos sean realmente castigados conforme a la ley, para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza y contar con seguridad para realizar todas sus actividades.
A escena
Con la intervención del secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, autoridades de las comunidades Pedernal Yashtinun y El Bosque, de San Cristróbal de las Cas, firmaron un acuerdo de paz y convivencia armónica, relacionados con un conflicto de tierras que se venía registrando desde hace 17 años, comprometiéndose ambas partes a respetar sus posesiones, límites y colindancias… En Tapachula, el extesorero municipal durante la administración de Samuel Alexis Chacón Morales, Víctor Samuel Domínguez López y algunos familiares de este, interpusieron una demanda en contra de autoridades ministeriales y de seguridad al haber sido detenido en un puesto de revisión manejando un vehículo, propiedad de la exsecretaria de Administración, Sandra Anahí López Gordillo, presuntamente en estado de ebriedad; ahora se quejan de abuso de autoridad, lesiones y privación ilegal de la libertad. Lo que falta ver es qué sucede, porque el exfuncionario tiene varias denuncias en su contra por el Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por no entregar las cuentas públicas y presuntas irregularidades cometidas durante su cargo público… Hasta la próxima.