Hacia un desarrollo forestal sustentable
La tala clandestina de nuestra riqueza forestal se ha convertido en un problema que afecta de manera severa los ecosistemas y biodiversidad de nuestros bosques y selvas; sin duda, la deforestación ha contribuido de manera significativa al cambio climático y sus consecuencias, que sufren cada día con mayor rigor las regiones forestales de México. Se calcula que el setenta por ciento de la madera que se comercializa en México tiene un origen ilegal.
Una hectárea de bosque absorbe diez veces más el agua de las lluvias que la misma cantidad de tierra de siembra, lo cual significa que la deforestación es sinónimo de inundaciones; los bosques son como esponjas que absorben los excesos hídricos, pero también son el hábitat de un conjunto de especies animales que sin esta protección empiezan a desaparecer como es el caso de abejas, mariposas y otros insectos y anfibios.
De acuerdo a cifras proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en su estudio “Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015”, México cuenta con alrededor de 64 millones de hectáreas de bosques de clima templado y selvas que se distribuyen en una tercera parte del territorio nacional. Adicionalmente cuenta con 56 millones de hectáreas de matorrales y cerca de dos millones de hectáreas de vegetación hidrófila. Estos recursos naturales son de gran importancia para el desarrollo económico y social sustentable de nuestro país.
En este mismo estudio se afirma que cerca del ochenta por ciento de los bosques y selvas de nuestro país se encuentran bajo el régimen de propiedad social en alrededor de 8,500 núcleos agrarios. Las poblaciones que los habitan dependen directamente de los recursos forestales de su entorno para obtener sus satisfactores de vida.
Tradicionalmente, nuestras zonas forestales han estado bajo el cuidado de las comunidades originarias y al convertirse en sus guardianes lamentablemente son víctimas constantes de ataques por quienes se dedican a la tala clandestina. De acuerdo a una investigación realizada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de 2010 a 2017 en nuestro país se dieron 391 casos de ataques, incluyendo asesinatos, en contra de estos defensores ambientales.
Conforme a datos proporcionados por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), en México hemos perdido al menos el cincuenta por ciento de nuestros bosques y selvas originales en las últimas seis décadas entre la tala ilegal de madera, el cambio de uso de suelo hacia actividades agrícolas y ganaderas, y los incendios forestales.
Ante esta situación, México se propuso en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, llegar a una tasa de deforestación cero en ese año, siguiendo una agenda de gestión sostenible de todos nuestros bosques, recuperando los bosques degradados e incrementando la forestación y reforestación. Estas medidas también son acordes con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París firmado por nuestro país el 22 de abril de 2016.
Conscientes de estos compromisos, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, impulsamos la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018, cuyo principal objetivo es el manejo integral y sustentable de los territorios forestales nacionales y sus recursos; su conservación, protección, restauración, cultivo y aprovechamiento en beneficio del medio ambiente, la economía nacional y la viabilidad de subsistencia con mayores niveles de bienestar de quienes habitan en ellos.
El alcance de esta nueva Ley ha recibido el reconocimiento de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA), instituciones que la han avalado como una de las más importantes en materia forestal a nivel internacional.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el 8 de octubre pasado, en la ciudad de Ocosingo, Chiapas, que uno de los proyectos prioritarios de su Administración será el denominado “Sembrando Vida”, que busca dar atención especial a la forestación y reforestación de nuestro país a través de la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, así como de cultivos de ciclo corto en 19 entidades de la República. Entre las especies maderables se contemplan caoba, cedro, hule y cacao y entre las de cultivo canela, agave, pimienta, mango, guanábana, maíz, frijol y calabaza.
La inversión en este programa se calcula entre 12 y 15 mil millones de pesos a lo largo de cuatro años y dará inicio en 2019. El gobierno federal proporcionará las plantas y los recursos para sembrarlas; por su parte los productores, ejidatarios y comuneros que se integren al proyecto cultivarán cada uno 2.5 hectáreas por lo que recibirán un salario mensual de cinco mil pesos. De manera paralela deberán formar parte de una comunidad de aprendizaje y capacitación integrada por 25 campesinos que serán asesorados por un equipo de especialistas y tres becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, quienes vivirán en la comunidad y participarán en los procesos productivos y sociales de acompañamiento.
La primera etapa de “Sembrando Vida” dará inicio en los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche, con la integración al proyecto de 220 mil trabajadores y 550 mil hectáreas de cultivo. La segunda, comenzará a partir de 2020 y se implementará en Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Nos congratula saber que este importante proyecto de reforestación nacional encuentra un marco jurídico sólido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y que la sustentabilidad de nuestros recursos forestales podrá ser, en el mediano plazo, una realidad.
javi.borunda@me.com