Como ya se había anticipado, conforme se acercan las elecciones del 2 de junio, se descompone más la situación político social en algunos municipios en los que prevalecen los conflictos que no han sido solucionados.

Este es el caso de Pantelhó, donde la semana pasada se presentó una situación delicada que por fortuna no terminó con muertos ni heridos, pero que sí generó mucha preocupación y hasta cierto punto desinformación por el tratamiento que algunos colegas le dieron a los hechos.

Se habló de enfrentamientos cuando en realidad no los hubo. Lo que ocurrieron fueron tandas -valga la expresión- de descargas de armas de fuego de grueso calibre de los dos grupos que se disputan el control político del municipio, pero a una distancia tal que ninguno de los dos podría ser dañado por las balas.

Se dijo erróneamente también que 200 maestros habían quedado atrapados por bloqueos instalados en entradas y salidas de la cabecera y otros puntos por integrantes de El Machete, y fueron sacados por el Ejército Mexicano o dependencias del gobierno estatal.

En realidad, fueron alrededor de 30 los profesores que salieron, según diferentes fuentes confiables, a los que se unieron otros pobladores para abandonar el municipio en caravana y de una forma más segura.

Da la impresión de que este grupo, El Machete, dividido, por cierto, desde julio de 2021 tiene el control del municipio, actúa con bastante lógica e inteligencia política y va un paso delante de sus adversarios, pues para iniciar sus acciones escogió el mismo día en que tomó posesión el general Román Villalvazo Barrios como nuevo comandante de la 31 Zona Militar.

Mientras en las instalaciones castrenses ubicadas en Rancho Nuevo se realizaba la ceremonia del relevo, El Machete cerró los accesos y salidas a la cabecera municipal, lo que ocasionó mucha inquietud, incertidumbre y temor entre los pobladores, muchos de los cuales abandonaron sus casas en los días posteriores.

Quién sabe si el general traiga alguna instrucción especial para atender el caso Pantelhó, pero apenas había tomado posesión de su nuevo cargo se trasladó a la cabecera municipal para atender personalmente la situación.

Se sabe que ahí se entrevistó cuando menos con personajes de los dos grupos que se disputan el control del municipio, aunque no trascendió si hubo acuerdos o no. Ojalá su decisión de acudir a constatar in situ la situación fuera una señal de que ahora sí las autoridades van a tratar de resolver el conflicto.

Es posible, o cuando menos eso sugiere el sentido común, que antes de viajar a ese convulsionado municipio de los Altos de Chiapas se asesoró con algunas personas que conocen cómo está el problema para que lo pusieran en contexto.

La situación en Pantelhó es muy grave por la tremenda descomposición social y política que prevalece no solo desde hace casi tres años en que el Machete tomó el control, sino de mucho años atrás con muchos asesinatos, incluso entre familiares.

Hasta donde se sabe, el Machete enfrenta una división generada por la disputa del poder, ya que un grupo está por la reelección del concejo municipal y el otro, al parecer mayoritario, pretende que se designe a nuevas autoridades.

De cualquier forma, lo que parece una realidad es que dada la situación actual, en Pantelhó no hay condiciones para que se realicen las votaciones el 2 de junio, por lo que las nuevas autoridades tendrán que ser designadas por el Congreso local.

Lo más grave es que ahora ya no solo es Pantelhó el que está descompuesto, sino que el problema se ha extendido a varias comunidades de Chenalhó, sobre todo a las que colindan con Pantelhó, como Tzanembolom y Xokiluk’um, e incluso Polhó, donde ha proliferado la presencia de hombres armados.

Y no solo eso, pues ahora existe la amenaza de que también se está “contaminando” Chalchihuitán, pues hasta donde se sabe, alguno de los grupos políticos que contenderá en las elecciones del 2 de junio ha contratado a integrantes de organizaciones criminales que operan en Pantelhó para que mediante las armas generen actos de violencia y temor, con el fin de que les favorezca el voto popular.

El asunto es que las autoridades de algunos municipios están aliadas con estos grupos criminales que cobran buenas cantidades de dinero por desestabilizar o sembrar el terror.

Hay mucho trabajo para las autoridades federales y estatales que deberán de estar muy atentas para prevenir que no hayan hechos de violencia en Chalchihuitán, pues se corre el riesgo de que haya derramamiento de sangre por la disputa del poder político y del presupuesto público.   

Picotazos. Desde Chilón llegó la denuncia de que la tarde del sábado fue incendiada la casa del ejidatario Pedro Solórzano Moreno y de su familia, además de parte de su parcela y su cafetal que se ubican en la comunidad de Samaria Liquilwitz, anexo al ejido San Jerónimo Bachajón. Según la denuncia, Pedro y su familia vienen sufriendo desde hace varios años hostigamiento, amenazas y agresiones físicas por parte de Simón Solórzano y otras personas. Cuando ocurrieron los hechos no había nadie en la propiedad, por lo que cuando la familia regresó se encontró con la desgracia. El ejidatario y su familia se encuentran ahora desplazados y su situación “es crítica y vulnerable, ya que son personas de la tercera edad”. Los denunciantes aseguraron que los afectados “pidieron el auxilio de Protección Civil para apagar el incendio y evitar que se propagara, pero nunca llegó”. Su hipótesis, según los antecedentes de la denuncia que tiempo atrás interpusieron ante la Fiscalía, es que “el atentado forma parte de un acto de venganza relacionada con el proceso jurídico que se sigue por un conflicto familiar con relación a la posesión y usufructo de parcelas ejidales, derivado de la denuncia que el principal Pedro y su hijo Daniel Solórzano interpusieron en contra de Simón Solórzano  y su grupo, por despojo, daños, lesiones y amenazas”. Los afectados esperan que se haga justicia. Fin